El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió una serie de decretos en el marco de la declaratoria de emergencia económica que introducen nuevos impuestos y ajustes tributarios en el país. Las medidas, publicadas recientemente, buscan financiar acciones para atender la crisis generada por la emergencia que afecta a varios departamentos del territorio nacional.

De acuerdo con información del Ministerio de Hacienda y reportes publicados por el diario económico La República, las decisiones incluyen la creación o reactivación de varios gravámenes que impactan principalmente a sectores como el financiero, minero-energético y la industria de juegos de azar en línea.

Uno de los principales cambios corresponde al impuesto nacional al consumo para los juegos de suerte y azar operados por internet, que tendrá una tarifa del 16 %. Este gravamen se aplicará sobre el ingreso bruto generado por las plataformas de apuestas digitales, es decir, el total de apuestas realizadas menos los premios pagados a los usuarios. La medida aplicará durante 2026 y busca ampliar el recaudo fiscal en medio de la coyuntura económica.

Otra de las medidas es el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, que afectará a empresas con patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT, equivalentes aproximadamente a $10.474 millones. Para los sectores financiero y minero-energético la tarifa será de 1,6 %, mientras que para otras compañías será del 0,5 %. El pago se realizará en dos cuotas, la primera prevista para el 1 de abril y la segunda el 4 de mayo.

Dentro de las modificaciones introducidas por los decretos también se incluyó como contribuyentes a las sucursales y establecimientos permanentes de empresas extranjeras que operen en el país y cumplan con los requisitos patrimoniales establecidos. Para estos casos, la causación del impuesto será el 31 de marzo de 2026, con pagos programados para finales de abril y comienzos de junio.

El paquete de medidas también contempla un impuesto temporal de normalización tributaria con una tarifa del 19 %, dirigido a contribuyentes que tengan activos omitidos, subvalorados o pasivos inexistentes. Este mecanismo permite regularizar la situación fiscal ante la administración tributaria mediante el pago del gravamen correspondiente.

Adicionalmente, el Gobierno incluyó alivios tributarios temporales para contribuyentes con deudas en mora con la Dian al 31 de diciembre de 2025. Para acceder a estos beneficios se deberá cancelar el 100 % del capital adeudado, mientras que los intereses se liquidarán con una tasa del 4,5 % y solo se pagará el 15 % de las sanciones. El plazo para acogerse a este beneficio será hasta el 30 de abril de 2026.

Según explicó el Ministerio de Hacienda, estas medidas hacen parte de un conjunto de decisiones orientadas a garantizar recursos para enfrentar la emergencia y atender las necesidades presupuestales del Estado. Entre ellas se incluye también una adición al Presupuesto General de la Nación por $8,6 billones, destinados principalmente a la atención de la crisis y al fortalecimiento de entidades encargadas de responder a la situación.

Sin embargo, varios de estos decretos podrían ser revisados por la Corte Constitucional, que deberá determinar si las medidas adoptadas dentro de la emergencia económica se ajustan a la Constitución. De acuerdo con expertos citados por La República, el alto tribunal también definirá si los pagos realizados por estos nuevos impuestos deberán mantenerse o eventualmente ser devueltos en caso de que las normas sean declaradas inconstitucionales.

Las decisiones del Gobierno han generado debate entre analistas y sectores empresariales, quienes advierten sobre el impacto que podrían tener los nuevos gravámenes en la actividad económica. Mientras tanto, el Ejecutivo sostiene que estas medidas buscan garantizar recursos inmediatos para enfrentar la crisis y mantener la estabilidad fiscal del país.