El Gobierno Nacional, liderado en su estrategia financiera por el ministro Germán Ávila, ha puesto sobre la mesa una propuesta que ha encendido las alarmas en los gremios productivos: el impuesto al patrimonio para empresas. Tras el revés jurídico en la Corte Constitucional con la emergencia anterior, el Ejecutivo busca un nuevo mecanismo para recaudar 8 billones de pesos destinados a la atención de los desastres causados por las lluvias.

Un esquema de tarifas progresivas

El diseño de este tributo dividiría al sector empresarial en dos grandes grupos. Aquellas compañías con un patrimonio líquido superior a los 10.000 millones de pesos entrarían en el radar de la DIAN con una tarifa del 0,6%. Por su parte, las organizaciones de gran envergadura, cuyos activos superen los 30.000 millones, enfrentarían una carga del 1,2%.

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Este modelo de recaudo no distingue sectores, lo que implica que desde el sector energético hasta el retail estarían bajo la misma lupa fiscal. Sin embargo, el mayor peso de la bolsa lo llevaría la estatal Ecopetrol, que por sí sola aportaría una cifra cercana a los 1,3 billones de pesos, convirtiéndose en el principal pilar de esta iniciativa de emergencia.

La controversia: Patrimonio vs. Utilidades

El punto de mayor fricción entre el Gobierno y los empresarios radica en la naturaleza del impuesto. A diferencia de la Renta, que se calcula sobre las ganancias obtenidas, el impuesto al patrimonio grava lo que la empresa posee. Esto crea un escenario complejo para sectores en crisis; empresas de servicios públicos intervenidas o grandes cadenas de comercio que han reportado pérdidas operativas, tendrían que sacar de su caja miles de millones para cumplir con el Estado, afectando su liquidez y capacidad de maniobra.

Riesgos para la banca y los conglomerados

El sector financiero, representado por entidades como el Grupo Aval y Bancolombia, sería otro de los grandes damnificados. Entre los principales holdings bancarios del país, el aporte conjunto superaría el billón de pesos, lo que genera dudas sobre cómo se aplicará el gravamen para evitar la doble tributación entre las matrices y sus filiales.

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Mientras el Gobierno defiende la medida como un acto de solidaridad necesaria ante la crisis climática, los analistas sugieren que este "peaje" al capital corporativo podría profundizar el freno en la contratación que ya se siente en regiones como el Tolima, donde la incertidumbre tributaria suele traducirse en cautela por parte de los inversionistas.