Por Juliana Peña Niño

*Country Manager de Natural Resource Governance Institute (NRGI) en Colombia

Este 15 de septiembre, Ecopetrol puede cambiar buena parte de su Junta Directiva. No sería algo excepcional. Los gobiernos anteriores también hicieron modificaciones amplias al comenzar sus mandatos. El problema no está necesariamente en los nombres que salen o llegan. Está en algo más profundo: las reglas que permiten que la conducción de la empresa quede, una y otra vez, atada al ciclo político.

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Esta discusión hace parte de un debate más amplio que desde NRGI planteamos en el reporte Gobernar el riesgo: claves para repensar la relación entre Ecopetrol y el Estado frente a la transición energética. La investigación sostiene que “la gobernanza efectiva del riesgo de transición requiere un equilibrio entre la autonomía de Ecopetrol y su alineación con los objetivos de política pública”. Ese equilibrio supone que el Estado pueda fijar orientaciones estratégicas, pero también que la empresa conserve la independencia técnica y operativa necesaria para tomar decisiones de largo plazo.

La asamblea extraordinaria de accionistas discutirá una modificación que podría parecer menor, pero no lo es. Hoy, los estatutos establecen que cualquier nueva plancha debe conservar por lo menos tres integrantes de la Junta anterior. La propuesta es convertir esa obligación en una simple recomendación. En otras palabras, quedaría abierta la posibilidad de cambiar a los nueve integrantes de la Junta.

El Gobierno tiene, por supuesto, el derecho a impulsar cambios. La Nación posee el 88,5 % de Ecopetrol y sería extraño pretender que el accionista mayoritario no participe activamente en las decisiones sobre una empresa estratégica para el país. No se trata de una rareza: Duque hizo siete cambios al inicio, Santos seis y Petro cinco, aunque bajo este gobierno la Junta cambió nueve veces en menos de cuatro años. 

Tampoco toda renovación es inconveniente. Las juntas necesitan nuevas miradas, capacidades y experiencias, y las empresas petroleras nacionales como Ecopetrol requieren hoy una junta con mayor fortaleza en la gestión de riesgos de la transición energética.

Pero una cosa es renovar y otra muy distinta comenzar de cero. Ecopetrol es una empresa de mayoría estatal, pero su horizonte no puede reducirse al del Gobierno de turno. Tiene accionistas minoritarios, accede a mercados internacionales de capital y toma decisiones de inversión cuyos efectos sobrepasan ampliamente un periodo presidencial.

Las señales de los mercados tampoco deberían ignorarse. En abril de este año, Moody's redujo la calificación corporativa de Ecopetrol y mencionó entre sus preocupaciones una mayor percepción de interferencia gubernamental, aunque mantuvo su valoración sobre la solidez financiera. Una menor calificación puede terminar encareciendo el financiamiento y aumentando los riesgos asociados a la refinanciación.

Por eso resulta paradójico hablar de “despolitizar” Ecopetrol mientras se debilita una de las reglas que busca preservar cierta continuidad entre administraciones. El Gobierno debe ejercer su legítimo papel como accionista, pero se necesitan reglas para que esa participación conviva con la independencia y la continuidad. La discusión debería ir mucho más allá de conservar o eliminar tres puestos. Colombia necesita definir qué tipo de Junta necesita Ecopetrol para las próximas décadas.

Primero, debería garantizarse de manera permanente que la Junta cuenta con capacidades en asuntos fundamentales para la empresa: hidrocarburos, finanzas, mercados, asignación de capital y transición energética. Esas competencias no deberían depender de las preferencias del gobierno de turno.

Segundo, si se elimina la obligación de conservar miembros de la Junta anterior, debería establecerse otro mecanismo que garantice la transferencia de conocimiento. Una empresa del tamaño y complejidad de Ecopetrol no puede darse el lujo de perder cada cuatro años la memoria sobre proyectos, riesgos y decisiones estratégicas que vienen de tiempo atrás.

Y, tercero, Colombia necesita reglas más claras sobre independencia e idoneidad. Los estatutos de Ecopetrol son, de hecho, exigentes: establecen que la mayoría de los nueve integrantes deben ser independientes. Pero no basta con utilizar esa palabra. La independencia debe responder a criterios públicos, verificables y mantenerse durante todo el periodo del integrante de Junta.

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La asamblea de este 15 de septiembre tiene entonces una oportunidad que va más allá de escoger nueve nombres. Puede comenzar a responder una pregunta que Colombia ha aplazado durante demasiado tiempo: ¿cómo queremos que se gobierne Ecopetrol cuando cambien los presidentes? Y otra más reciente pero fundamental ¿qué perfiles deben guiar la transformación de la empresa en tiempo de incertidumbre en los mercados energéticos globales?