La Veeduría por el Agua de Ibagué (VAPI) volvió a poner en el centro del debate el Tanque Sur, una infraestructura construida en el barrio Miramar que, cinco años después de haber sido recibida por el IBAL, continúa sin entrar en operación.

La organización sustentó su denuncia en el informe de auditoría de la Contraloría General de la República, emitido en junio de 2026, en el que el organismo de control concluyó que el tanque "no cumple el fin para el cual fue construido" y "carece de viabilidad técnica para su puesta en operación".

El Tanque Sur, con capacidad para almacenar 2.000 metros cúbicos de agua, fue construido en 2021 con una inversión cercana a los $3.000 millones. Según VAPI, una infraestructura de las mismas características tendría hoy un costo aproximado de $5.000 millones.

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De acuerdo con la veeduría, el propio IBAL reconoció ante la Contraloría que el tanque nunca ha entrado en funcionamiento y que solo podría operar cuando se ejecuten futuras obras de interconexión.

A partir de esa respuesta, VAPI aseguró que la empresa estaría buscando conectar el tanque a las redes del acueducto para llenarlo y presentarlo como evidencia de su funcionamiento.

"El IBAL está buscando la manera de conectar el tanque a las redes de conducción construidas para llenarlo y mostrarlo como prueba de su funcionamiento, lo cual es inadmisible", señaló la veeduría en su denuncia pública.

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Según VAPI, esa conexión implicaría modificar la hidráulica del sistema de acueducto, pues sostiene que el tanque no hacía parte de la solución contemplada en los diseños originales del proyecto.

La organización también recordó que el informe de la Contraloría concluyó que el Tanque Cerrogordo era suficiente para atender la demanda proyectada del Distrito Hidráulico No. 3 y que el propio IBAL reconoció haber abastecido ese sector desde 2021 sin necesidad de poner en funcionamiento el Tanque Sur.

Además, la auditoría advirtió que la infraestructura permanece inoperante, expuesta al deterioro y sin generar beneficios para el sistema de acueducto, e identificó un presunto daño patrimonial cercano a los $3.000 millones por esta obra.

Finalmente, VAPI solicitó a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía adelantar las investigaciones necesarias para establecer las responsabilidades fiscales, disciplinarias, administrativas y penales que puedan derivarse de la planeación, contratación, ejecución, supervisión y recibo del proyecto.