Por Jaime Eduardo Reyes*

Las finanzas públicas de una ciudad son mucho más que un conjunto de cifras presupuestales. Detrás de los ingresos, los gastos, el ahorro y el endeudamiento está la capacidad de un gobierno para responder a las necesidades de sus habitantes y, sobre todo, para construir las condiciones que permitan financiar su desarrollo futuro.

Por eso vale la pena detenerse en los resultados del Índice de Desempeño Fiscal (IDF) de los municipios para la vigencia 2025, presentados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). El informe ofrece una oportunidad para examinar cómo están las finanzas de Ibagué, reconocer los avances y, especialmente, identificar los asuntos que todavía requieren atención.

La primera noticia es positiva. Ibagué pasó de 52,42 puntos en 2024 a 58,75 en 2025, una mejoría de 6,34 puntos. Sin embargo, el municipio permanece en el rango de riesgo y ocupa el puesto 18 entre las capitales del país. Estamos mejorando, pero todavía no tenemos unas finanzas que permitan hablar de una posición fiscal sólida.

La diferencia es importante: mejorar un indicador no significa necesariamente haber resuelto los problemas estructurales que afectan la capacidad financiera de una ciudad.

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La autonomía fiscal sigue siendo una tarea pendiente.

Uno de los datos más reveladores del informe es la dependencia de las transferencias nacionales. En 2025, aproximadamente el 67,3% de los ingresos municipales provino del Sistema General de Participaciones y otras transferencias de la Nación. De cada cien pesos que ingresan al municipio, cerca de 67 tienen ese origen.

Los ingresos totales pasaron de $1,30 billones en 2024 a $1,47 billones en 2025. Aunque aumentaron, la participación de las transferencias prácticamente no cambió. La calificación de este indicador permaneció alrededor de 32,7 puntos.

Esto plantea una pregunta que debería ocupar un lugar central en la discusión económica de Ibagué: ¿qué estamos haciendo para ampliar nuestra capacidad de generar ingresos propios?

La respuesta no puede limitarse a pensar en mayores impuestos. El camino más sostenible consiste en ampliar la actividad empresarial, atraer inversión, fortalecer la formalización, mejorar la productividad y generar nuevas oportunidades de empleo. Una economía más dinámica también significa una hacienda pública con mayores posibilidades de financiar sus proyectos.

Las transferencias nacionales son fundamentales para garantizar servicios y competencias municipales, pero no deberían convertirse en el principal límite de las aspiraciones de desarrollo de la ciudad.

Invertir no es simplemente ejecutar un presupuesto.

Otro resultado que merece atención es el comportamiento de la formación bruta de capital fijo. Este indicador permite aproximarse al esfuerzo que realiza el municipio para crear activos que aumenten su capacidad productiva y mejoren sus condiciones de funcionamiento.

En 2025, Ibagué registró $97.692 millones en formación bruta de capital fijo, frente a $69.505 millones en 2024. Es un crecimiento nominal cercano al 40,6%, que representa una señal favorable. Su participación dentro del gasto de capital pasó de 6,51% a 7,70%.

Sin embargo, el resultado también invita a reflexionar sobre la composición de la inversión pública. Una ciudad que necesita mejorar su competitividad requiere esfuerzos sostenidos en infraestructura, conectividad, equipamientos, movilidad, servicios públicos y proyectos que eleven la productividad de sus empresas y trabajadores.

No se trata de gastar más por gastar. Se trata de invertir mejor.

Una obra pública debe evaluarse no solamente por su costo o por el porcentaje de ejecución presupuestal, sino por su capacidad para resolver problemas, reducir costos, conectar territorios, facilitar la actividad económica y mejorar la calidad de vida.

En este sentido, la ejecución de la inversión alcanzó el 93,4% en 2025. Es un resultado favorable que debe reconocerse. Pero una alta ejecución presupuestal no garantiza, por sí sola, una transformación económica. La pregunta verdaderamente importante es qué capacidades nuevas está dejando esa inversión en la ciudad.

El endeudamiento también exige responsabilidad.

El informe muestra que los pasivos municipales pasaron de aproximadamente $845.920 millones en 2024 a $1,045 billones en 2025. Su crecimiento fue considerablemente superior al de los activos, que aumentaron de $2,689 billones a $2,842 billones.

El indicador de endeudamiento pasó de 31,46% a 36,78%, mientras su calificación disminuyó de 68,54 a 63,22 puntos.

Esto no significa necesariamente que Ibagué enfrente una situación de insolvencia. Significa que debemos observar con cuidado la evolución de las obligaciones financieras y evaluar su impacto sobre la disponibilidad futura de recursos.

El endeudamiento puede ser un instrumento legítimo para financiar infraestructura y proyectos estratégicos, siempre que exista capacidad de pago y que las inversiones generen beneficios superiores a sus costos. La deuda bien utilizada puede acelerar el desarrollo; la deuda mal planeada puede comprometerlo.

Hay avances que merecen reconocimiento.

No todo son señales de preocupación. El ahorro corriente se mantuvo en una calificación de 70 puntos, mostrando estabilidad en la capacidad de generar recursos después de cubrir los gastos corrientes. También mejoró el balance fiscal primario, cuya calificación pasó de 20 a 60 puntos.

La programación y el recaudo de ingresos, así como la ejecución de la inversión, obtuvieron calificaciones de 100 puntos en la dimensión de gestión financiera.

Sin embargo, esta dimensión registró una leve disminución en su resultado global, al pasar de 20 puntos en 2024 a 19,38 en 2025. La reducción de la calificación de holgura, que pasó de 100 a 90,47 puntos, contribuyó a este comportamiento. El indicador de esfuerzo propio mejoró, pero sigue teniendo una participación muy pequeña.

Estos resultados permiten entender por qué no debemos confundir una buena ejecución presupuestal con una gestión financiera estructuralmente fortalecida. Hay que recaudar bien, ejecutar oportunamente, controlar los gastos y, al mismo tiempo, ampliar la capacidad de generar recursos propios.

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La discusión fiscal debe conectarse con el modelo de desarrollo de Ibagué.

Quizás esta sea la reflexión más importante que dejan los resultados del DNP. La situación fiscal de una ciudad no puede analizarse de manera aislada de su estructura económica, su capacidad empresarial, su mercado laboral y sus oportunidades de inversión.

Ibagué necesita avanzar en la consolidación de actividades productivas, agroindustriales, logísticas, turísticas y de servicios basados en conocimiento. Necesita aprovechar su ubicación, fortalecer su relación económica con los municipios del Tolima y convertir sus ventajas territoriales en oportunidades concretas de crecimiento.

Para lograrlo requiere una administración pública capaz de orientar la inversión, construir alianzas con el sector privado, aprovechar los recursos nacionales y mejorar sus propios ingresos.

Esta discusión adquiere mayor relevancia en un escenario de restricciones fiscales del Gobierno Nacional. Si los recursos públicos son limitados, los territorios deben desarrollar mayores capacidades para movilizar inversión, estructurar proyectos y generar nuevas fuentes de riqueza.

El desafío no es solamente administrar los recursos disponibles, sino ampliar las posibilidades de conseguir otros y utilizarlos estratégicamente.

Ibagué tiene avances que reconocer, pero también problemas que no podemos ignorar. El resultado fiscal de 2025 debe servir para abrir una conversación sobre el futuro económico de la ciudad.

Al final, la pregunta no es únicamente si tenemos unas finanzas públicas mejores que las del año anterior. La pregunta es si estamos construyendo unas finanzas capaces de respaldar la ciudad que queremos ser.

Porque el verdadero éxito de una política fiscal no está solamente en cuadrar las cuentas, sino en lograr que esas cuentas ayuden a transformar la vida de las personas.

*Presidente ADT ProTolima