El informe técnico de auditoría de cumplimiento de la Contraloría General de la República, emitido en junio de 2026, dejó al descubierto una serie de irregularidades en la gestión fiscal del IBAL frente al proyecto del Acueducto Complementario de Ibagué durante el periodo 2017-2025. El organismo de control emitió un concepto de "incumplimiento material adverso", al concluir que existen graves deficiencias en la planeación, ejecución y supervisión de las obras.

Un tanque "sin oficio ni beneficio"

Uno de los principales hallazgos corresponde al Tanque Sur, una infraestructura que costó $2.429 millones y que, pese a haber sido recibida hace más de cuatro años y ocho meses, continúa sin prestar servicio. La obra fue construida para garantizar el suministro de agua potable a más de 25.000 habitantes de las comunas 12 y 13 de Ibagué y fue presentada como una infraestructura de tecnología de punta, fabricada en fibra de acero y recubierta con fibra de vidrio.

Sin embargo, la Contraloría concluyó que el tanque carece de viabilidad técnica, ya que no cuenta con tuberías esenciales ni está conectado a las redes de conducción y distribución del sistema de acueducto, por lo que permanece fuera de operación.

En sus respuestas a la auditoría, el IBAL señaló que el tanque se encuentra en fase de "puesta en servicio" y que actualmente se ejecutan las obras de interconexión. Para el organismo de control, esta explicación confirma que la infraestructura aún no cumple el propósito para el que fue construida.

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Además, el informe cuestiona la construcción de un tanque con capacidad para 2.000 metros cúbicos, cuando los estudios técnicos establecían que el déficit de almacenamiento del Distrito 3 era de 806 metros cúbicos, proyectado al año 2043, y podía ser cubierto con el tanque Cerrogordo. Incluso, el propio IBAL reconoció que desde 2021 ha abastecido la demanda de agua potable de ese sector sin necesidad de poner en funcionamiento el Tanque Sur.

Pagos irregulares y obras deficientes

Entre los 23 hallazgos, la Contraloría advirtió un presunto detrimento patrimonial superior a $2.400 millones por deficiencias en la instalación de válvulas de control, las cuales permanecen inundadas al no contar con sistemas de drenaje. Esta situación ha ocasionado corrosión prematura en los equipos, dificulta las labores de mantenimiento y pone en riesgo el funcionamiento del sistema.

La auditoría también evidenció que el IBAL no instaló los puntos de instrumentación necesarios para medir presiones y caudales, tal como lo exige el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS).

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Además, la Contraloría detectó pagos por entibados que, al ser verificados mediante registros fotográficos, correspondían a estructuras artesanales que no cumplían con las especificaciones contratadas ni con las normas de seguridad. El informe también evidenció el mal posicionamiento de válvulas, estructuras de concreto que no alcanzan la resistencia especificada en los diseños y deficiencias en la estabilidad y calidad de la mezcla asfáltica utilizada para la recuperación de las vías intervenidas.

En materia contractual, el ente de control encontró pagos por personal técnico que no participó en la ejecución de las obras, sobrecostos por mano de obra, equipos y materiales que no fueron utilizados, así como el cobro de actividades cuya ejecución no pudo ser demostrada. También identificó dobles pagos por vallas y cerramientos, además del reconocimiento de cargas prestacionales en contratos de interventoría que, según el informe, nunca fueron asumidas por los contratistas.

La Contraloría también advirtió que el IBAL no adelantó las gestiones necesarias para recuperar más de $1.467 millones correspondientes a excedentes de ejecución y rendimientos financieros generados en patrimonios autónomos, entre ellos el administrado por FINDETER.

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Como resultado de la auditoría, el sistema de control interno del proyecto obtuvo una calificación de 2,105, ubicada en el rango de ineficiente. Para la Contraloría, los controles implementados por la empresa presentan debilidades en el seguimiento, la supervisión y la evaluación del proyecto, lo que incrementó los riesgos en la ejecución de las obras.

En total, la Contraloría validó 20 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $11.202 millones, monto que supera ampliamente el umbral de materialidad establecido para la auditoría. Estos hallazgos podrían dar lugar a procesos de responsabilidad fiscal para determinar si existió un detrimento patrimonial y establecer las responsabilidades correspondientes.