La estabilidad económica y social del país enfrenta un desafío histórico tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto del salario mínimo para 2026. El tribunal, al admitir cerca de 30 demandas contra el incremento del 23,7%, argumentó posibles faltas a los parámetros técnicos y legales. Ante esto, el presidente Gustavo Petro defendió la medida como un "salario vital" ordenado por la Constitución y advirtió que disminuir la demanda de alimentos en la actual coyuntura detendría la economía y aumentaría el hambre y la desnutrición infantil, calificando la suspensión como un acto anticonstitucional que atenta contra la vida.

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El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó la situación como un "bloqueo institucional" y aseguró que el Gobierno se defenderá jurídicamente para proteger el ingreso de los trabajadores. Siguiendo instrucciones presidenciales, el ministro convocará a una reunión de concertación inmediata basada en estudios que muestran una incidencia marginal del salario en el aumento de precios. Petro enfatizó que el nuevo decreto transitorio seguirá estrictamente los mandatos constitucionales que prohíben deteriorar el poder adquisitivo del salario, cuestionando que el Consejo de Estado priorice intereses que anulan las prerrogativas del Gobierno.

Por su parte, Armando Benedetti, ministro del interior, señaló que esta decisión beneficia exclusivamente a la "clase dirigente" y advirtió que tendrá un alto costo político en las urnas. El presidente Petro reforzó esta postura al emplazar al "gran capital" a decidir entre un pacto social por la vida y la paz o el enfrentamiento social. El mandatario recordó que el poder judicial debe reconocer que el Gobierno se debe al voto popular y a la Constitución, la cual exige proteger los derechos del pueblo trabajador por encima de los intereses privados.

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La tensión ha escalado rápidamente, presagiando una ola de movilizaciones nacionales tras el llamado directo del presidente al "pueblo trabajador" para que se exprese sobre este asunto. Mientras el ministro Sanguino coordina con movimientos sociales para estudiar la actitud frente al fallo, el Gobierno se prepara para expedir un nuevo decreto. Con el argumento de que suspender el salario mínimo pone en riesgo la estabilidad del país, las organizaciones sociales ya se declaran en estado de alerta para defender en las calles lo que consideran una conquista laboral irrenunciable.