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Consejo de Estado suspende el aumento del salario mínimo para 2026

Consejo de Estado suspende el aumento del salario mínimo para 2026

Imagen de referencia descargada de la Web, del Consejo de Estado de Colombia.

El Consejo de Estado ha emitido una decisión sin precedentes al suspender provisionalmente el decreto que fijaba el salario mínimo para el año 2026. La medida cautelar surge tras el análisis de cerca de 30 demandas que cuestionaban el incremento del 23,7%, el más alto en la historia del país. Según el tribunal, existen indicios de que el ajuste no cumplió con los parámetros técnicos y legales exigidos para este tipo de decisiones económicas.

La providencia judicial resalta que el Gobierno Nacional omitió criterios fundamentales de proporcionalidad y rigor macroeconómico al establecer la cifra. Por ello, el alto tribunal ha "devuelto la pelota" al Ejecutivo, ordenándole que, en un plazo máximo de ocho días calendario, publique un nuevo decreto transitorio. Este nuevo monto deberá regir mientras se dicta una sentencia definitiva sobre la legalidad del decreto original.

Para la determinación de este nuevo valor, el Consejo de Estado fue enfático en que se deben aplicar estrictamente los criterios económicos y constitucionales previstos en la Ley 278 de 1996. Esto implica que el Gobierno no puede fijar la cifra de manera arbitraria, sino que debe basarse en la inflación real, la productividad y el desarrollo jurisprudencial vigente para garantizar la estabilidad financiera del país.

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La decisión del Alto Tribunal ha generado una cascada de reacciones, entre ellas la del candidato presidencial Iván Cepeda quien manifestó su rechazo a la medida. "Rechazo la arbitraria y regresiva medida de suspender el salario vital. Se trata de un nuevo atentado contra las políticas sociales del presidente Gustavo Petro".

Este escenario solo tiene un antecedente similar en 2017, aunque en aquella ocasión la intervención judicial buscaba un ajuste al alza porque la tarifa era demasiado baja. En esta oportunidad, la justicia administrativa actúa como un contrapeso para asegurar que el incremento del salario mínimo no desborde los límites técnicos, protegiendo así la efectividad del proceso judicial frente a las demandas interpuestas.

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