Una intensa controversia política y jurídica se desató en el país luego de que se conociera un auto firmado por la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Elena Arizabaleta, en el que se ordenaría la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro por presunta participación en política durante la actual campaña electoral.

El documento corresponde al expediente con radicado 7525 y plantea que el mandatario sea separado temporalmente de sus funciones hasta las 4:00 de la tarde del próximo 21 de junio, día en que se realizará la segunda vuelta presidencial.

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Según el texto, la medida estaría sustentada en publicaciones realizadas por Petro entre el 6 y el 9 de junio a través de sus redes sociales oficiales, las cuales, de acuerdo con la investigadora, podrían comprometer la neutralidad institucional en medio del proceso electoral.

Sin embargo, la decisión generó inmediatas críticas desde distintos sectores políticos y jurídicos, que cuestionaron la competencia de la Comisión de Acusación para adoptar una medida de esa naturaleza contra un jefe de Estado en ejercicio.

Uno de los primeros en reaccionar fue el exembajador y exsenador Roy Barreras, quien aseguró en su cuenta de X que el documento carece de validez jurídica.

"La Comisión Legal de Acusaciones no tiene ninguna atribución para semejante decisión inconstitucional y por tanto no tendrá efecto alguno", escribió Barreras, quien además sostuvo que la controversia terminaría favoreciendo electoralmente al candidato presidencial Iván Cepeda.

"En lugar de hacer daño al Presidente, la gente saldrá a votar masivamente por Iván Cepeda para defender a su Presidente y el proyecto político progresista", agregó.

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Las críticas también llegaron desde diferentes sectores, dónde afirmaron que la representante Arizabaleta no tendría facultades para suspender al Presidente de la República y advirtió que la decisión podría convertirse en un argumento político para fortalecer el discurso del mandatario sobre una presunta persecución en su contra.

La discusión se produce después de que Gustavo Petro anunciara públicamente que participará activamente en la campaña de Iván Cepeda, candidato que avanzó a la segunda vuelta presidencial y que busca sucederlo en la Casa de Nariño.

Mientras continúa el debate sobre la legalidad y los alcances del auto emitido por la Comisión de Acusación, el episodio ya se convirtió en uno de los principales temas de la recta final de la campaña presidencial, con repercusiones que podrían sentirse en las urnas el próximo 21 de junio.