A pocos meses de concluir su mandato, el presidente Gustavo Petro expidió el Decreto 0563 de 2026, una norma que redefine la forma en que el Estado colombiano brindará protección a quienes hayan ocupado la Presidencia o la Vicepresidencia de la República.

La disposición establece que los esquemas de seguridad de los exmandatarios serán coordinados por diferentes organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

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Con esta reglamentación, los vehículos blindados, equipos de seguridad y demás recursos destinados a la protección de Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez una vez abandonen sus cargos podrán ser suministrados por cualquiera de estas entidades.

El decreto también define que el personal encargado de la protección será seleccionado entre integrantes de la Policía Nacional y la UNP. Esto significa que, tras finalizar el actual periodo presidencial, tanto Petro como Márquez continuarán contando con esquemas de seguridad conformados por escoltas de dichas instituciones.

La seguridad de los exjefes de Estado ha sido históricamente uno de los rubros más costosos dentro del sistema de protección estatal. De acuerdo con estimaciones conocidas públicamente, un esquema presidencial puede representar gastos cercanos a los 500 millones de pesos mensuales entre personal, vehículos blindados y logística.

Aunque Gustavo Petro ha contado con un amplio dispositivo de seguridad durante su administración, no ha sido el expresidente con el esquema más costoso del país. Durante la campaña presidencial llegó a movilizarse con cerca de 14 vehículos y un equipo de aproximadamente 50 integrantes entre escoltas y personal de inteligencia.

Uno de los casos más significativos ha sido el del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Su esquema de protección llegó a tener un costo estimado de 15.000 millones de pesos al año e incluía alrededor de 330 hombres destinados a su seguridad, además de varios vehículos blindados.

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Al inicio del actual Gobierno se evaluó la continuidad de un modelo de protección conformado por tres anillos de seguridad para Uribe. El primero estaba integrado por 152 escoltas, el segundo por 102 policías y el tercero por 80 militares. A esto se sumaba la vigilancia permanente de propiedades como su residencia en Rionegro, Antioquia, y la finca El Ubérrimo, en Córdoba.

Con la entrada en vigencia del nuevo decreto, ese tipo de esquemas diferenciados desaparecen y la protección de expresidentes y exvicepresidentes quedará bajo criterios unificados definidos por el Estado.

La medida se da en un contexto en el que la UNP enfrenta una alta demanda de protección. Actualmente, cerca de 15.000 personas cuentan con algún tipo de medida de seguridad en Colombia, que va desde escoltas y vehículos blindados hasta botones de pánico y sistemas especiales de vigilancia.

El nuevo marco normativo busca regular de manera uniforme la protección de quienes hayan ocupado los más altos cargos del país, en momentos en que se intensifica el debate sobre los costos y alcances de los esquemas de seguridad financiados con recursos públicos.