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Solicitan indagar a legisladores de EE. UU. por conspiración contra Gobierno Petro
Desde Colombia, parlamentarios solicitan investigación ética contra tres congresistas estadounidenses.
Un grupo de congresistas colombianos solicitó formalmente al Comité de Ética de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que abra una investigación contra los representantes Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Antonio Giménez, tras la publicación de los polémicos audios del excanciller Álvaro Leyva, donde se insinúa un supuesto plan para desestabilizar al presidente Gustavo Petro.
La solicitud, firmada por 27 congresistas de diferentes partidos —incluyendo el Pacto Histórico, Comunes, Partido Verde y el Partido de la U—, se fundamenta en las revelaciones del diario El País de España, que vinculan a Leyva con figuras conservadoras estadounidenses en el marco de conversaciones dirigidas, presuntamente, a acelerar una salida anticipada del actual Gobierno colombiano.
Según los firmantes, las conductas atribuidas a los congresistas estadounidenses, de ser ciertas, podrían “afectar las relaciones bilaterales entre nuestras naciones” y transgredir principios del derecho internacional como el de no intervención, consagrado en el artículo 19 de la Carta de la OEA.
“De verificarse estas presuntas conductas, las mismas podrían contravenir normas éticas parlamentarias y afectar gravemente la institucionalidad democrática de Colombia”, señala el documento enviado al Congreso estadounidense.
La carta también expresa preocupación por declaraciones públicas hechas por la representante María Elvira Salazar que, en opinión de los firmantes, podrían interpretarse como deslegitimadoras del presidente Petro.
En el contexto de las investigaciones abiertas por la Fiscalía colombiana sobre el contenido de los audios de Leyva, esta petición adquiere una dimensión internacional. La carta insiste en que cualquier intento de injerencia extranjera debe ser esclarecido y sancionado, en aras de proteger la soberanía y el orden democrático de Colombia.
Esta acción política también ha sido interpretada como una respuesta institucional frente a lo que sectores del Gobierno y del Congreso consideran un “atentado a la democracia” , en palabras de la vicepresidenta Francia Márquez, quien también fue mencionada en los audios filtrados.
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