La geopolítica ha vuelto a recordarnos una verdad que los gobiernos de Iberoamérica algunas veces olvidan. Las grandes naciones tienen intereses permanentes, mientras que, en esta parte del mundo, algunos gobiernos han considerado que el ejercicio del poder debe apoyarse en la religión y que su horizonte se limita al período para el cual han sido elegidos.

La relación entre religión, poder y conocimiento ha influido en la historia de nuestras sociedades. La persecución de las ideas y las restricciones a la libertad de investigación limitaron las posibilidades de desarrollo científico. Sin embargo, las diferencias entre la América hispánica y el mundo anglosajón no pueden explicarse únicamente por sus tradiciones religiosas. Para el presente, la lección consiste en fortalecer una educación abierta al pensamiento crítico y unas instituciones capaces de convertir el conocimiento en bienestar colectivo.

El adelanto de las ciencias ha impulsado una transformación profunda del comercio, las comunicaciones, la política y hasta de la manera de ver la vida. Las grandes potencias protegen sus mercados, aseguran sus fuentes de energía, defienden sus industrias estratégicas, controlan tecnologías esenciales y procuran fortalecer su presencia en un escenario internacional cada vez más competitivo.

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Colombia no puede permanecer indiferente ante esa realidad. Por el contrario, debe definir con claridad cuáles son sus intereses y cómo pretende defenderlos, especialmente cuando el terremoto del 10 de agosto y los incendios que han afectado distintas regiones del país hacen más urgente la atención a las comunidades damnificadas. La reconstrucción de viviendas, la recuperación de los medios de subsistencia y el restablecimiento de los servicios esenciales deben ocupar un lugar prioritario en la acción del Estado.

Nuestro interés nacional no debe fundamentarse en un lenguaje mesiánico que concentre las expectativas en promesas inciertas y debilite la conciencia del esfuerzo común. Las afinidades políticas pueden cambiar, pero permanecen la geografía, los mercados, la seguridad, la necesidad de inversión, las relaciones comerciales y los intereses fundamentales de la nación.

Por razones históricas, económicas y, especialmente, geográficas, nuestra política comercial ha encontrado importantes posibilidades de desarrollo en la relación con los Estados Unidos. La cercanía, la dimensión de su mercado, la inversión, las comunicaciones y los vínculos construidos durante décadas constituyen una realidad favorable que Colombia debe preservar y aprovechar con inteligencia.

Estados Unidos ha sido uno de nuestros principales socios comerciales y estratégicos, y esa relación puede continuar ofreciendo oportunidades importantes para el desarrollo colombiano. Es necesario fortalecer esos vínculos sobre la base del respeto mutuo, la cooperación y la claridad acerca de los intereses de cada nación. Colombia debe saber qué necesita de esa relación, qué puede ofrecer y cuáles son las prioridades que desea impulsar mediante los convenios y programas que llegue a establecer para su desarrollo.

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Por eso, el actual Gobierno debería precisar ante los colombianos cuáles son los acuerdos, entendimientos, programas y compromisos que pretende desarrollar con los Estados Unidos y cuál será su alcance, para que los agricultores y comerciantes puedan planificar sus proyectos de producción e inversión. En esa materia, el Congreso de la República tampoco debería permanecer distante de las grandes decisiones que le corresponden constitucionalmente.

Una cooperación estrecha con los Estados Unidos puede contribuir al fortalecimiento de políticas eficaces contra la delincuencia organizada, el narcotráfico y la corrupción. Estos problemas han debilitado durante décadas nuestras instituciones, generado violencia y afectado profundamente numerosas regiones del territorio nacional, especialmente las zonas rurales, esenciales para la producción de alimentos.

La política de seguridad del Gobierno no debe centrarse únicamente en el combate contra el narcotráfico y los grupos armados, que deben ser enfrentados y sometidos al imperio de la ley. Debe dirigirse también contra las estructuras financieras de las organizaciones criminales, las rutas del tráfico, la corrupción, el contrabando y todas aquellas economías ilegales que permiten a los grupos delincuenciales mantener su poder.

Esa estrategia debe acompañarse de una verdadera política agraria. El campo colombiano necesita ser recuperado para quienes lo trabajan, y la presencia del Estado debe traducirse en seguridad, vías, crédito, asistencia técnica, comercialización, infraestructura, justicia y oportunidades ciertas para los campesinos. Ninguna política rural será verdaderamente eficaz mientras extensas regiones continúen sometidas al abandono o a la influencia de organizaciones ilegales o de abogados corruptos y estafadores que por una actuación administrativa se quedan con tierras e inmensas sumas de dinero a través del engaño y el delito.

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Los convenios comerciales deberían contribuir igualmente a incentivar la producción alimentaria. Colombia posee tierras fértiles, diversidad climática y condiciones excepcionales para producir alimentos, por lo cual resulta indispensable fortalecer al productor nacional, mejorar su capacidad de competir y convertir al campo en una fuente real de prosperidad. Defender la producción colombiana no significa cerrar la economía, sino crear condiciones para que nuestros agricultores puedan participar dignamente en los mercados nacionales e internacionales.

También resulta necesario fortalecer el control sobre la explotación del oro y otros recursos naturales. En algunas regiones, la minería ilegal se ha convertido en fuente de financiación de organizaciones criminales y en causa de graves daños ambientales. El Estado debe ejercer mayor presencia, garantizar una explotación responsable de los recursos y procurar que esa riqueza contribuya efectivamente al desarrollo de las comunidades y de la nación.

La defensa del medio ambiente, con el apoyo de la policía ambiental, debe ocupar igualmente un lugar central dentro del interés nacional. La protección del agua, los bosques, los suelos y la biodiversidad no puede verse como un obstáculo al desarrollo, sino como una condición indispensable para garantizar el futuro del país.

Una política internacional y económica verdaderamente útil debe reflejarse también en la vida cotidiana de los colombianos. El crecimiento, la inversión y la cooperación pierden parte de su significado cuando amplios sectores de la población continúan sin acceso suficiente a servicios fundamentales.

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Colombia necesita ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de salud, fortalecer la educación y desarrollar un programa de vivienda que permita a los sectores más pobres acceder a un hogar digno. Esta tarea adquiere especial urgencia para las familias cuyas viviendas quedaron destruidas o inhabitables por el terremoto y que necesitan soluciones seguras para reconstruir sus vidas.

La salud representa una condición esencial de la dignidad humana; la educación continúa siendo el instrumento más poderoso para superar la desigualdad, y la vivienda constituye para millones de familias no solamente un techo, sino también una fuente de seguridad, estabilidad y patrimonio que favorece la educación y el trabajo.

Por eso, una política exterior no debería medirse solamente por el número de reuniones, declaraciones diplomáticas o acuerdos suscritos, sino también por sus resultados. Si la cooperación con los Estados Unidos y con otras naciones contribuye a reducir el narcotráfico, fortalecer la seguridad, recuperar el campo, aumentar la producción, proteger los recursos naturales, mejorar la salud, ampliar la educación y facilitar el acceso a la vivienda, estará sirviendo verdaderamente al interés nacional.

Colombia debe conservar y fortalecer su relación con los Estados Unidos y, al mismo tiempo, ampliar con inteligencia sus vínculos con Europa, con los demás países de América Latina y con otras regiones que puedan ofrecer oportunidades legítimas de comercio, inversión, conocimiento y cooperación.

La verdadera independencia internacional no consiste en alejarnos de quienes han sido nuestros socios tradicionales, sino en relacionarnos con ellos desde el respeto, la conveniencia mutua y la defensa serena de nuestros propios intereses. Los gobiernos pasan, los presidentes pasan y las ideologías también pasan, pero Colombia permanece.

Por eso, la política exterior debe construirse alrededor de los intereses permanentes de una nación que necesita seguridad, producción, justicia social, respeto a los derechos adquiridos y oportunidades para su pueblo. Cuando un Estado define su rumbo ante el mundo, progresa y es escuchado.