Hoy, en los corrillos de la Universidad del Tolima el comentario gira en torno a que el rector Omar Mejía, va camino de convertirse en el rector de los escándalos: concursos amañados, despidos ilegales y ahora violencia de género.

A través de un comunicado, la exesposa de Omar Mejía, Inés Yohanna Pinzón, docente y abogada, denunció no solo la presunta persecución y violencia que ha tenido que vivir. También señaló graves irregularidad de parte de la Unidad de Genero del alma mater.

“El pasado 19 de febrero interpuse una denuncia ante la Unidad de Género por violencia laboral basada en el género, contra el Rector y su equipo directivo; los pormenores de la denuncia son reservados y he actuado conforme a ello, para no afectar el proceso, ni mi propia situación personal.”, relató la docente en su comunicado.

En dialogo con El Cronista.co, personas que trabajaron con Inés Pinzón, señalaron que las violencias denunciadas por la docente corresponden a hechos ocurridos durante los últimos cinco años en tiempos que ella dirigía el Consultorio Jurídico de la Universidad del Tolima, cargo al que terminó renunciando en diciembre pasado para tomar un año sabático, según sus colegas, debido a que ya no aguantaba más la violencia laboral.  Los denunciantes indican que luego de que la profesora Inés se fue, la mayoría de quienes trabajaban con ella fueron desvinculados de manera irregular del Consultorio Jurídico, lo que afectó el servicio que este departamento presta a las comunas 11 y 12.

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Según el comunicado de la exdirectora del Consultorio Jurídico, la semana siguiente de haber interpuesto la denuncia por violencia de género, fue advertida, por uno de los denunciados, de que comenzarían a circular mensajes en su contra en redes sociales. Efectivamente, durante el mes de marzo del presente año, aparecieron diversos perfiles en plataformas digitales que la atacaban de forma personal y directa, utilizando falsas acusaciones y expresiones con contenido misógino.

En dichas publicaciones se hacía alusión a la denuncia que había interpuesto, la cual hasta ese momento solo era conocida por ella, los denunciados y la Unidad de Género. Además, se utilizaron imágenes suyas y los logos de un medio de comunicación local, que posteriormente desmintió la autoría del contenido y denunció formalmente el caso de suplantación de identidad ante la Fiscalía, al igual que lo hizo la docente por las injurias y calumnias de las que fue víctima.

La Unidad de Género se declara impedida para cumplir su deber

Casi tres meses después de interponer la denuncia, Inés Yohanna Pinzón fue informada el pasado 28 de abril de que la Unidad de Género de la Universidad del Tolima había decidido remitir su caso a la Procuraduría. Según la comunicación emitida por la Unidad, la decisión obedecía a un posible conflicto de interés, dado que el rector denunciado ostenta la máxima representación institucional y fue, además, quien creó normativamente la Unidad de Género.

Sin embargo, no es relevante este argumento, pues de conformidad con el Estatuto General de la universidad -Acuerdo 033 de 2020-, Artículo 28, literal a), Corresponde al Rector, cumplir y hacer cumplir las normas constitucionales, legales, estatuarias y reglamentarias vigentes; g) y expedir los actos administrativos que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos misionales de la Universidad.

Es decir que el Rector estaba en cumplimiento de su deber al instituir la Unidad de Género, la cual comenzó hacer parte de la institución pública que es la Universidad del Tolima, desde el momento de su nacimiento y la institución es superior a sus administradores. Por consiguiente, el hecho de que Mejía, el denunciado, ostenta la máxima representación institucional y haya creado normativamente la Unidad de Género, no exonera a la Universidad de iniciar las acciones preliminares, ni impide el uso de mecanismos internos como medidas de protección o investigaciones para proteger a la víctima. Porque en ninguna parte dice que cumplir su deber le otorga al Rector alguna potestad especial que lo ponga por encima de la norma institucional.

Legalmente la Unidad de Género debe cumplir con la misión para la que fue creada, sin importar quien sea o que cargo ostenta un denunciado, porque de lo contrario implicaría que cualquier acto de autoridad de dicha Unidad podría ser cuestionado por el origen de su normativa, dejando en la indefensión a las víctimas. La independencia funcional no puede anularse con base a quien firmo el acto administrativo o precedió la gala de fundación de la Unidad de Género, porque se invalidaría la institucionalidad.

En el comunicado de la profesora Inés, se destaca que el traslado del caso a la Procuraduría es injustificado. Además, la docente pidió que sea la procuraduría nacional y no regional, la que investigue. Lo que podría tener relación con el hecho de que la actual procuradora regional, Constanza Vargas Sanmiguel, trabajó años atrás con Omar Mejía en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad del de Ibagué.

Un historial de escándalos

El último escándalo que envolvió a la universidad del Tolima y su Unidad de Género, en marzo de este año, fue el caso del profesor Carlos David Leal, quien ejercía como director de la Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, en el que, según las denunciantes consultadas por El Cronista.co, en ese entonces, dos jóvenes de primeros semestres de los programas de Derecho y Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana,  elevaron sus denuncias de acoso contra Carlos David Leal Castro ante la Unidad de Género y un mes después, la Unidad no había activado ningún protocolo de protección ni para ellas ni para otras presuntas víctimas del exdirector de la Licenciatura.

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En abril La junta directiva del sindicato ASPU, señaló que su actual presidenta, Clara Lucía Padilla, era víctima de calumnias, hostigamientos y hasta amenazas contra su vida (denuncia que se encuentra en manos de la Fiscalía). Según ASPU, porque a través de una serie de comunicados, el sindicato denunció irregularidades en las convocatorias de méritos para beneficiar a favoritos del rector Mejía y su equipo de directivos.  

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Entre más atrás se mira, más escándalos surgen. Omar Mejía, se posicionó en 2016 como rector interino para enfrentar una crisis por un déficit financiero que obligo a renunciar al anterior rector. Al asumir el cargo, Mejía despidió a una serie de empleados para ahorrar presupuesto y en 2018 como premio por supuestamente recuperar las finanzas de la universidad, fue ratificado por el Consejo Superior Universitario en su cargo de rector.  En 2020 la procuraduría desmintió a través de un fallo el déficit financiero.

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El Cronista.co intentó contactar al Rector Omar Mejía marcándole a la oficina para conocer su versión de los hechos, pero no se obtuvo respuesta.