Por Rubén Darío Rodríguez Góngora - Exalcalde de Ibagué, Excongresista

El 17 de abril alertamos a los Ibaguereños y a los órganos de control, que la Alcaldía de Ibagué a pesar de los reiterados y flagrantes incumplimientos de los contratistas del PUENTE DE LA 60, no había iniciado las audiencias públicas tendientes a declarar el siniestro, y ordenar la liquidación del contrato, haciéndose efectiva la cláusula penal y determinando el menoscabo patrimonial ocasionado.

Por fortuna para la Alcaldesa y para los ibaguereños, la Directora de Contratación y la Secretaria Jurídica, dos profesionales íntegras, con un amplio recorrido en las diversas entidades públicas, valorando las pruebas de ese incumplimiento, y sin arredrarse por las amenazas que provenían de quienes a toda costa insistían que NO se decretará el incumplimiento, como el exalcalde Andrés HURTADO, y que se permitiera la cesión del contrato por los intereses que tenían en esa cesión, en providencia del 4 de junio, DECLARARON EL INCUMPLIMIENTO TOTAL del contrato, y se impuso una cláusula penal pecuniaria por 3.914 millones.

Es de anotar que el Secretario de Infraestructura, quien es familiar del exalcalde Hurtado, una vez posesionado expresó, siguiendo las directrices de su jefe, que no había causal de incumplimiento (Ahí están los audios y los informes de prensa que se aportarán a las autoridades), demostrando con esas pruebas que le asistía junto al Exalcalde un INTERÉS INDEBIDO en la contratación, tipo sancionado por el C.P.

 Además, fueron múltiples las intervenciones del Exalcalde en los medios de comunicación, principalmente en el de su amigo íntimo Héctor Sánchez, abogando para que NO se declarara el incumplimiento, pues tenía intereses, como los ha tenido también en contratos del IBAL.

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Esas múltiples salidas demuestran no sólo ahora, sino desde cuando fungía como Alcalde, la presencia del delito de INTERÉS INDEBIDO en la contratación. Hizo bien la administración en declarar ese INCUMPLIMIENTO, gracias a las actitudes firmes de la Directora de Contratación y de la Directora Jurídica.

Nótese, como el propio abogado del exalcalde Hurtado, Juan Carlos Novoa haciéndole el juego a su prohijado, dejó entrever en un noticiero que la obra no debería liquidarse. A pesar de la liquidación, continuará la investigación que desarrolla la Fiscalía por "CELEBRACIÓN INDEBIDA de CONTRATOS ", pues como lo expresó el CONTRALOR GENERAL en su visita a Ibagué, se vislumbraba falta de PLANEACION y falencias en la estructuración del proyecto.

A eso se suma el estudio juicioso efectuado por el abogado Luis Felipe Aranzalez, en donde concluía que el comité evaluador debió declarar DESIERTA LA LICITACIÓN porque ninguno de los proponentes cumplió con los requisitos. Quedan en tela de juicio las actitudes de la Secretaría de Infraestructura de la época y los miembros del comité evaluador, porque siguiendo las directrices del jefe de la administración, recomendaron y adjudicaron la obra a quien no reunía las condiciones.

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Es bueno recordar que la ley establece que la delegación no exime de responsabilidad al ordenador del gasto ni a la cabeza de la administración, por lo que todos deben responder penalmente por las ilicitudes que se cometieron. Lo que se observa es que después de defender a toda costa a los contratistas, ahora los dejarán solos para que respondan por las multas cuantiosas que a nivel municipal y departamental les han impuesto.

Como quiera que se abrirá nueva licitación, se espera que la evaluación sea transparente para que se recupere la confianza en los ingenieros tolimenses, y no se vaya a direccionar con el fin de que se la ganen los mismos a través de interpuesta persona.