Por Rubén Darío Rodríguez - Exalcalde de Ibagué y exrepresentante a la Cámara.

La Gobernadora del Tolima anunció a los medios de comunicación que se habían iniciado las acciones por el incumplimiento de las obligaciones del contratista Olaguer Agudelo en los contratos de obra pública de los hospitales de Chaparral y Rioblanco.

Ello lleva a que por acto administrativo motivado se den por terminado los contratos ordenando su liquidación, haciéndose efectiva la cláusula penal y determinando el menoscabo patrimonial ocasionado.

Por el contrario, la Alcaldesa de Ibagué en una protuberante omisión constitutiva de sanción penal, en el caso del Puente de la 60, se ha hecho de la vista gorda dándole largas al mismo contratista, sabiendo que no va a cumplir, buscando la cesión a ex funcionarios de la administración a través de terceros, según se dice en el corrillo surgido de los mismos ingenieros, y evitando declararle la caducidad con las consecuencias que ello acarrea.

La MEGAOBRA de la 60 como la bautizó el exalcalde Hurtado, en donde inicialmente se hablaba de una solución a 3 niveles con deprimido en la calle 60, una glorieta a nivel cero actual y un puente elevado en la carrera 5, que en su fase 1, con reajuste de precios pudiera llegar a $60.000 millones, y en donde en las fases 2 y 3 se requieren la compra y demolición de 48 predios que costarían más de 90.000 millones para ejecutar por las nuevas administraciones.

El 17 de marzo del 23 (hace 13 meses) la Alcaldía de Ibagué adjudicó el contrato del ‘puente elevado de la 60’, a contratistas que habían incumplido obras en Córdoba y Huila. por lo que se preveía que no cumplirían en Ibagué como así ha sucedido. Y se adjudicó a toda costa pese a las advertencias y a las irregularidades denunciadas en el proceso licitatorio.

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Primero se dijo de unas obras y después se mencionó otras, y al presunto direccionamiento en el proceso, violando el principio contenido en la ley 80 sobre la pluralidad, y que a todas luces aparecía que era una obra sin planificar, lo que llevó a paralizaciones de la obra amparados en falta de permisos de Cortolima y permisos del instituto de Antropología, que debieron haber sido solicitados con anticipación, y sin embargo se les autorizó un anticipo de 12.000 millones (30 por ciento del valor de la obra).

El plazo para la terminación era de 8 meses, plazo que se ha incumplido a pesar de los aplazamientos que se aprobaron por el exalcalde Hurtado y la alcaldesa Aranda. El 10 de noviembre del 23 se informó por la prensa que no les habían pagado a los trabajadores y que según información de ellos, despidieron al ingeniero residente y al ingeniero administrativo.

El 12 de noviembre del 23 ante la solicitud de los comerciantes y residentes de la zona a la Secretaría de Infraestructura para que se liquidara el contrato, la secretaria Sharon Guzmán expresó en los medios de comunicación "Hay que reconocer que nos tocó un contratista irresponsable. Tenemos clara evidencia de retrasos y un posible incumplimiento”.

Se hablaba de iliquidez de los contratistas. Habló de multas que de acuerdo con el  artículo 86 de la ley 1474 del 2011 deberían aplicarse y que nunca se aplicaron. Antes, más bien, la Secretaria fue despedida por el exalcalde Hurtado por haber hecho esas afirmaciones y fue reemplazada por el Ingeniero Leonel Nieto quien atendiendo las directrices de su nominador, y demostrando un INTERÉS ILÍCITO, la desmintió diciendo que el contratista "Tiene solidez financiera y no está ilíquido”.

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Afirmaciones que riñen con la verdad y que ameritan una investigación de la Fiscalía y Procuraduría, pues después de casi 5 meses la obra sigue abandonada, en cambio a ese mismo contratista ya le fue iniciado proceso de caducidad por las obras de Chaparral y Rioblanco. Recuérdese que en esa misma época se anunció el embargo de los bienes y cuentas bancarias del contratista, luego no se sabe de dónde sacó el secretario  Nieto esa afirmación mentirosa de liquidez, por lo que se demuestra es un "INTERÉS ILÍCITO" del Exalcalde y de sus funcionarios de querer tapar las irregularidades del "Monstruo de la 60".

La fecha prevista de terminación del contrato incluyendo prórrogas y suspensiones era el 28 de febrero del 2024. El 23 de enero la alcaldesa Aranda suspendió por 45 días el contrato, contados a partir de la fecha del acta, dizque por cambio del diseño original, lo cual ratifica la falta de planeación de la Alcaldía.

La obra se reiniciaría el 10 de marzo, plazo que se cumplió sin que hubieran ejecutado nada. En el Secop II el contrato se encuentra muerto por vencimiento del tiempo. Lo extraño es que no han colgado más actuaciones, lo que es una muestra más del INTERÉS ILÍCITO que les asiste a los funcionarios que participaron y participan aún en el proceso.

Cuando se evidencia un posible incumplimiento de las obligaciones del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia, evento que no ha ocurrido a pesar de todas las evidencias que demuestran el incumplimiento (ahí están los artículos de prensa que hablan de ello).

Después de más de un año de suscrito el contrato, la Alcaldía a cargo de Aranda omite deliberadamente iniciar los trámites del incumplimiento, situación que amerita investigación disciplinaria e inicio de proceso ante la Fiscalía por la omisión deliberada de tal procedimiento, puesto que la burgomaestre se convirtió en mandadera de su jefe político con las consecuencias penales que ello acarrea.

Está demostrado el favorecimiento a un contratista incumplido. La Veeduría VEEMOVIL en representación de los ibaguereños ha referenciado todas las falencias en el desarrollo del contrato y las pruebas del incumplimiento del contratista que se deben de tener en cuenta en la investigación penal.

Ante las graves ilicitudes encontradas, queda en manos de la Fiscalía y de la Procuraduría las decisiones correspondientes.