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Proceso contra Omar Mejía será adelantado por Procuraduría de Derechos Humanos en Bogotá

Proceso  contra Omar Mejía será adelantado por Procuraduría de Derechos Humanos en Bogotá

Procuraduría traslada a Bogotá investigación disciplinaria contra rector de la UT por presunta violencia de género.

En febrero de 2025, Inés Yohanna Pinzón Marín, profesora de Derecho y quien se había desempeñado durante cinco años como directora del Consultorio Jurídico de la Universidad del Tolima, presentó ante la Unidad de Género de la institución, una denuncia por violencia laboral basada en género contra el rector Omar Mejía, con quien estuvo casada y de quien se había separado cerca de seis años atrás.

La denuncia, que también señalaba a varios directivos de la universidad, permaneció estancada por casi tres meses. En ese tiempo, la profesora fue blanco de una campaña de desprestigio que incluyó noticias falsas sobre sus intenciones con esta denuncia y ataques en redes. Hechos que fueron denunciados ante Fiscalía y se encuentran en proceso de investigación.

Cuando solicitó información sobre el avance del caso en la Universidad, la Unidad de Género respondió que no investigaría al rector por un supuesto conflicto de intereses que, a la luz de la ley, no tenía fundamento. Luego de muchos ires y venires que incluyeron un fallo de tutela en segunda instancia el cual obligo a reabrir el caso, la Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima decidió remitir a la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas para la Defensa de los Derechos Humanos, en Bogotá.

La determinación, adoptada mediante auto del 26 de agosto, responde a que los hechos denunciados no solo tendrían implicaciones disciplinarias, sino que, según el criterio de la Procuraduría, se enmarcan como posibles infracciones a los derechos humanos. Esto, en consonancia con lo señalado previamente por el Tribunal Superior de Ibagué, que el pasado 30 de julio ordenó reconocer a la docente denunciante como víctima y sujeto procesal dentro del expediente.

La decisión de enviar el proceso a Bogotá implica que será una instancia especializada en derechos humanos de la Procuraduría General de la Nación la que continúe con la investigación. Allí se determinará si procede formular pliego de cargos contra Mejía o archivar el caso.

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