La Universidad del Tolima interpuso una tutela contra el fallo del Tribunal Superior de Ibagué del pasado 31 de julio, en el que se les ordenó reabrir el caso de violencia laboral basada en género contra el rector Omar Mejía y su equipo de administrativos, quienes fueron denunciados por la docente y abogada Inés Pinzón, ante la Unidad de Género de la institución en febrero de 2025.

Con esta decisión, el conflicto escala hasta la Corte Suprema de Justicia, en un hecho sin antecedentes en el país que, de acuerdo con la denunciante, desconoce el fallo que amparó sus derechos y dilata su acceso a la verdad y a la justicia, “están aumentando el desgaste emocional y perpetuando las prácticas que motivaron la denuncia inicialmente”, explicó la docente a El Cronista.Co.

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Todo inició en la Unidad de Género

Tras recibir la denuncia, la Unidad de Género se declaró impedida para investigar al rector, alegando conflicto de intereses, esto generó una amplia polémica, la cual, a su vez, llevó a la institución a retomar el caso. El pasado 6 de junio, la Universidad del Tolima concluyó que los hechos denunciados por Inés Pinzón no constituían violencia de género.

La docente Inés Pinzón interpuso una tutela que, en primera instancia, solo reconoció la vulneración de su derecho de petición. Sin embargo, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Ibagué falló a su favor, ordenando a la universidad respetar el debido proceso, reabrir el caso, permitirle aportar pruebas y evaluar medidas de apoyo laboral. Además, concluyó que no se aplicó debidamente el enfoque de género.

Incoherencia institucional

El 5 de agosto, tras el fallo, Pinzón se reunió con la Unidad de Género y la Vicerrectoría de Desarrollo Humano para adelantar las acciones de cumplimiento. “Habíamos llegado a acuerdos claros sobre la atención y orientación del proceso, en una reunión caracterizada por un trato respetuoso y garantista”, relató la docente. Sin embargo, la universidad presentó tutela contra la decisión del Tribunal que, supuestamente, había empezado a acatar.

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La profesora explicó a este medio de comunicación que la tutela fue interpuesta por el vicerrector administrativo y financiero, Mario Ricardo López, en representación de la Universidad del Tolima, y que en el escrito se argumenta una supuesta vulneración al debido proceso institucional contra la universidad del Tolima en el fallo de segunda instancia, lo que para la docente evidenció “desarticulación institucional y un aparente desconocimiento del rol de la Unidad”, señaló.

De juez a parte implicada

El caso, ahora en manos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, podría sentar un precedente nacional sobre el manejo de denuncias por violencia laboral basada en género en instituciones de educación superior y ya marca un antecedente histórico en el que la universidad pasó de juez a parte por sus propias acciones legales.