Congresistas del Partido Demócrata de los Estados Unidos enviaron una comunicación oficial al secretario de Estado, Marco Rubio, para manifestar reparos frente a la posible reactivación de las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos en territorio colombiano. Los parlamentarios sostienen que este mecanismo no ha demostrado resultados favorables en el control de las plantaciones de coca a lo largo de los años y que, por el contrario, representa riesgos severos para los ecosistemas amazónicos. Esta carta subraya que la medida podría vulnerar los fallos judiciales emitidos previamente por los tribunales del país en relación con la protección de las comunidades locales y el medio ambiente.

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La discusión sobre estas prácticas se remonta a la decisión tomada en 2015 por la Corte Constitucional de Colombia, instancia que suspendió la aplicación de glifosato basándose en advertencias científicas sobre su potencial nocivo para la salud humana. Durante más de dos décadas, las operaciones de aspersión afectaron de manera directa a pequeños agricultores, poblaciones indígenas y comunidades afrodescendientes ubicadas en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado interno. Los firmantes del documento recuerdan que cualquier modificación en la política actual debe cumplir estrictamente con los parámetros legales establecidos internamente en materia de protección ambiental y consulta comunitaria.

Los legisladores estadounidenses también centraron su atención en un proyecto piloto propuesto en el departamento del Putumayo y en la intención de erradicar cientos de miles de hectáreas de cultivos de uso ilícito mediante enfoques masivos. Asimismo, mostraron preocupación por la posible introducción de glufosinato de amonio como sustituto del glifosato en las labores de aspersión dentro de la zona amazónica. Según la información expuesta, dicha sustancia cuenta con antecedentes de restricciones severas en diversas jurisdicciones internacionales debido a los peligros asociados a su manipulación y toxicidad.

En el ámbito judicial local, los tribunales colombianos intervinieron recientemente para frenar de manera temporal el desarrollo del proyecto piloto en el departamento del Putumayo hasta que se verifique el cumplimiento de los condicionamientos constitucionales. Paralelamente, diversos sectores sociales, organizaciones no gubernamentales y líderes comunitarios han manifestado su rechazo a las presiones externas orientadas a retomar estas estrategias de erradicación.

Una de las primeras en pronunciarse fue la senadora del Pacto Histórico, Sandra Chindoy, oriunda del Putumayo, quien afirmó: “La solución a los cultivos de uso ilícito no es la fumigación, no es el envenenamiento ni de los campesinos ni de los ríos, sino inversión social”, mientras los congresistas estadounidenses señalaron que la administración de su país debe abstenerse de respaldar iniciativas que contravengan las decisiones soberanas de las instituciones judiciales de Colombia.

#Política | La senadora Sandra Chindoy (@sandra_chindoy) destacó la carta de 19 congresistas demócratas de EE. UU. que rechazan el plan piloto de fumigación en Putumayo y piden a Donald Trump no presionar a Colombia, ni comprometer recursos para su ejecución. “La solución a los cultivos de uso ilícito no es la fumigación, no es el envenenamiento ni de los campesinos ni de los ríos, sino inversión social”, afirmó.

— CW+ Noticias (@CWMasNoticias) October 29, 2026

Otro de los puntos centrales abordados en la comunicación legislativa corresponde al impacto generado por el desmantelamiento de programas gestionados previamente por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en zonas rurales de Colombia. Estos fondos permitían financiar proyectos productivos sostenibles, iniciativas de sistemas agroforestales y esquemas de turismo ecológico orientados a ofrecer alternativas económicas a las poblaciones vulnerables. Los representantes indicaron que la interrupción de estos recursos económicos debilita los esfuerzos orientados a disminuir la dependencia de las economías ilícitas en las zonas rurales apartadas.

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El grupo de congresistas fijó un plazo hasta mediados de noviembre para recibir respuestas oficiales por parte del Departamento de Estado respecto al nivel de cooperación logística o financiera asignada a estas labores. Las preguntas formuladas buscan esclarecer la postura diplomática frente al uso de pesticidas alternativos en la región amazónica y conocer las proyecciones de financiamiento para proyectos de desarrollo rural sostenible. Con estas peticiones, los firmantes buscan abrir un espacio de revisión sobre la estrategia antinarcóticos bilateral y sus repercusiones en materia de derechos humanos y conservación ambiental.