La ordenanza aprobada en primer debate e impulsada por los asambleístas Yully Porras y Pipe Ferro busca reconocer la región del sur y el oriente del Tolima, que integra y rodea el Parque Natural Regional Bosque de Galilea y su zona amortiguadora de corredores biológicos, como una zona especial de protección, conservación y desarrollo socioeconómico.

Este proyecto tendría incidencia en diez municipios del Tolima: Villarrica, Cunday, Melgar, Icononzo, Carmen de Apicalá, Alpujarra, Dolores, Prado, Purificación y Natagaima, lo que afectaría a cerca de 136.000 habitantes de la región suroriental del departamento.

En la noche del 25 de noviembre se realizó el segundo debate en la Duma departamental, pero este terminó en una fuerte discusión debido a que habitantes del Bosque de Galilea intentaron participar en el debate y no fueron tenidos en cuenta. Ante esta situación, el presidente de la Asamblea Departamental, Giovanny Molina, decidió suspender la sesión y programar mesas técnicas para el viernes, así como una nueva sesión de debate para el domingo 30 de noviembre.

Frente a la ordenanza han surgido diversas preocupaciones y críticas relacionadas con su impacto y su proceso de construcción. El diputado y defensor ambiental Jaime Tocora señaló que la propuesta no contempla la participación de las comunidades, además de advertir que podría abrir la puerta para que organizaciones internacionales y multinacionales accedan a la riqueza ambiental del Bosque de Galilea.

El Cronista.co: La ordenanza que propone Yuli Porras y Felipe Ferro sobre el bosque de Galilea y su intención de convertirlo en una ecorregión del sur y el oriente del Tolima, ¿Cuál es su posición sobre ello?

Jaime Tocora: En esencia es una ordenanza que tiene la posibilidad de contar con elementos pues positivos, decimos desde el punto de vista de respetuoso, pero también desde una visión un poco también crítica frente a la a la reducción a la forma en la cual se vio.

E.C.C.: ¿Cuál es el papel de las comunidades que habitan el bosque de Galilea?

J.T.: Acá la primera alerta para nosotros una de las más graves es la incapacidad que se tuvo a la hora de construcción social con las comunidades frente a dicha ordenanza.

Las políticas públicas y en realidad general en nuestro país a veces construyen leyes a espaldas de la comunidad. La comunidad no va a ser partícipe, no las construyen, no las alimentan y por eso en este país tenemos ‘N’ cantidad de leyes, de normas, decretos, reglas y demás, pero la gente no las apropia. Entonces, en ese sentido, lo que pedimos es que tengamos la posibilidad de que la gente participe en la construcción para que se empoderen, se organicen.

Muy seguramente, si la gente hubiera participado de esta ordenanza, hoy en día no solamente tendríamos una ordenanza, con todo el respeto, de papel como han sido la gran mayoría de ordenanzas. Pero no me refiero solamente al Tolima, me refiero al concepto mismo de las ordenanzas, sino que tendríamos una posibilidad de que la gente la defendiera, la interiorizara y sobre todo la constituya de manera conjunta y colectiva y eso tendríamos hoy en día una ciudadanía empoderada organizada defendiendo el bosque de Galilea y en este caso defendiendo también la ecorregión que se pretende proteger por medio de esta ordenanza.

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E.C.C.: Algo que está dentro del proyecto aprobado en primer debate es que dice que no hay un impacto fiscal para el Departamento, ¿Es cierto esto?

J.T.: Dentro de los elementos que plantea la ordenanza en el artículo segundo nos habla justamente de medidas de protección y frente a las medidas de protección, ese parágrafo primero tiene unos ítems. Dentro de esos ítems está la elaboración de un plan de manejo y conservación para los municipios del sur y del oriente del Tolima. La elaboración de un plan de manejo no es algo fácil, no es algo tampoco gratuito, es más, eso va a demandar tanto de la universidad, en este caso la Universidad del Tolima muy seguramente.

Recordemos que cuando se declara el Parque Regional Natural del Bosque de Galilea se hace el año 2019 donde hubo participación de la Universidad del Tolima y la Universidad Tecnológica de Pereira y esto requiere recursos económicos. Acá no pueden decir que se va a construir un plan de manejo y decir que no tiene un impacto fiscal o financiero.

Sin embargo, también quiero reconocer que cuando lo planteé en el segundo debate el día de ayer en la Asamblea departamental, lo mismo diputados reconocieron que sí tenía un impacto fiscal y financiero, por lo tanto, retiraban dicho elemento dentro de la ordenanza porque sí había un impacto financiero.

E.C.C.: La ordenanza reconoce el conflicto por el uso del suelo, ¿Qué pasa con las comunidades que viven allí y dependen su subsistencia de la producción agrícola en los corredores que se pretenden reconocer como de especial protección?

J.T.: Hoy en día están asentados en el territorio y viene desarrollando una serie de prácticas agrícolas, pero hace más de 1 año están trabajando junto con del Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras los campesinos para la declaración de dos Zonas de Reserva Campesina.

E.C.C.:¿Qué implica este traslape normativo en la región?

Este tipo de ordenanzas pone en riesgo todo el trabajo que viene desarrollando hace más de un año y sobre todo la posibilidad del reconocimiento a un sujeto especial protección como es el campesinado. Una zona como un bio zona de conservación puede llegar a generar cierta tensión o conflicto. Es que mientras hoy en día nosotros podemos estar determinando la bio zona, los campesinos vienen trabajando. Es muy posible que para el 13 de diciembre se declaren las Zonas de Reserva Campesina.

Entonces, llevar unas tensiones y unas competencias frente a los usos del suelo. Es más, acá hay 10 municipios que están directamente relacionados. Yo quisiera saber si esos alcaldes conocen dicha ordenanza, porque habla de sus territorios.

En clave de poder también garantizar la participación ciudadana, la autonomía y la descentralización, yo quisiera saber si los alcaldes están de acuerdo o no con la posibilidad de que esos territorios se declaren una ecorregión por parte de la Asamblea Departamental, si estos si estos alcaldes tienen hoy en día conocimiento frente a lo mismo.

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E.C.C.:¿En qué zonas estarían las Zonas de Reserva Campesina?

Hablan de Dolores y creo Villarrica.

E.C.C.: La sesión del 25 de noviembre, que fue una sesión un poco álgida porque hubo personas que venían de la zona del bosque de Galilea y querían hablar y que no se les permitió el uso de la palabra. ¿Qué reclaman ellos?

Es un tema de ley en Colombia qué determina gracias al acuerdo de Escazú, que tiene que haber una participación efectiva de la comunidad en la toma de decisiones sobre asuntos ambientales. Acá no es solamente un tema cosmético, no es un tema de decir, "Yo me reuní con X o Y.", sino demuéstrenlo en la práctica y lo que nos estaban demostrando ayer justamente comunidades. Personas que viene a 7 horas en caballo.

Llegó campesinos, presidente de Junta de Acción Comunal, miembros de organizaciones de víctimas diciendo, "Queremos ser escuchados." Nos desplazó la violencia hace años del territorio, luego nos desplaza lastimosamente una decisión como los bonos de carbono y hoy en día, pues nosotros lo que hacemos es seguir legalizando un conflicto que hay en el territorio. Si nosotros no atendemos esa realidad de campesinado lo que estamos haciendo es agudizar un conflicto que tiene que es latente y existe.

Como Asamblea Departamental lo que nos toca es garantizar la participación ciudadana que está enmarcada en el acuerdo de Escazú, que recordemos que es un tratado vinculante y que hoy en día ya es ley por parte del Congreso de la República, la cual la aprobó y fue sancionada por el presidente de la República. Así que nosotros lo que es queremos es una participación efectiva.

Se votó una mesa técnica de trabajo este próximo viernes a las 5:00 pm, yo voto positivo porque es un espacio para que la gente empieza a participar, pero es hasta ahora que se empieza a abrir el proceso.

¿Cuál debe ser la postura de la Asamblea frente a las comunidades?

J.T.: Descentralizar la Asamblea Departamental. Vayamos a Villarrica, vayamos a Dolores, escuchemos a la comunidad, vayamos a un coliseo y que la gente nos hable y que la gente pueda opinar, que la gente pueda expresar porque acá tomar una decisión legalizándola. Una socialización, donde la gente participe. Si ya vino al primer debate que se realizó el martes en horas de la tarde noche no pueden participar, llegaron delegados de la Contraloría y no pudieron hablar tampoco.

Y de que le sirve participar el viernes unas una comunidad reducida y el domingo se va nuevamente a tomar la decisión. La comunidad tiene que venir tres veces en una semana a Ibagué. Eso también es revictimización. Nosotros lo que estamos pidiendo es que no tomemos decisiones a la ligera.

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E.C.C.:¿La ordenanza si brinda garantías a las comunidades?

J.T.: La ordenanza no es mala, por el contrario, creo que es una ordenanza que toca cuidar, toca fortalecer, pero si todos le damos un revestimiento de legitimidad por medio de la participación ciudadana, lo que vamos a tener es una ordenanza que tenga dientes, porque hasta el momento las ordenanzas con todo el respeto, en la Asamblea Departamental, no solamente del Tolima, sino en el país, son ordenanzas muy cosmética, son ordenanzas que sirven para decretar días importantes y demás, pero no son ordenanzas que tengan la facultad de darle reconocimiento, garantías y condiciones a los sectores populares, en este caso el campesinado o a la naturaleza que está buscando de manera específica.

E.C.C.: ¿Existe el riesgo que vengan organizaciones de afuera, internacionales y multinacionales que lleguen a sacar provecho, como lo que sucedió con los bonos de carbono y la Universidad del Tolima?

J.T.: Cuando miras el parágrafo segundo dice acá, "Para gestionar iniciativas con entidades ambientales pertinentes al nivel local, nacional e internacional." Acá ya lo están diciendo, ¿con quién lo van a hacer? Lo van a hacer también con empresas multinacionales. ¿Y qué es lo que pasa con el tema de los bonos de carbono? Es como si hubiese tierras determinadas que pueden ser sacrificadas y otras y otras no sacrificadas.

Una multinacional destruye Cajamarca, Tolima, la despensa agrícola del centro del país, la vuelve nada para sacar el oro que hay en sus montañas y siembra árboles en bosque Galilea y no pasa absolutamente nada. Esa es la compensación ambiental, esa es la venta de bonos de carbono. Entonces, destruir un ecosistema y proteger otro al mismo tiempo. Eso es como pecar y rezar para empatar.

Nosotros no estamos bajo la lógica de los bonos de carbono, porque lo que hace es legalizar la explotación, el hambre, la explotación, la aniquilación de la biodiversidad en unos ecosistemas determinados y en otro lado lo que hace es protegerlos.

Y entonces allí el campesinado, que es justamente los que están arraigados en la tierra, resultan estando excluidos de este tipo de negocios que de por sí hacen un negocio con la naturaleza, me parece que es bastante complejo y sobre todo cuando obviamente en la misma ordenanza lo deja de manera expresa, se abre la compuerta para que entre las multinacionales en una ecorregión donde están vinculados 10 municipios.

E.C.C.: ¿Sabe la ordenanza lo que hay en el territorio en término de riqueza de flora y fauna? Porque en el parágrafo primero del artículo Quinto señala un desarrollo socio económico bio-cultural, además de una caracterización botánica para identificar usos y medios de vida basadas en la naturaleza.

J.T.: Nosotros no podemos hoy en día decretar una ordenanza para declarar una zona protegida si no sabemos todavía que estamos protegiendo. Yo creo una contradicción. Primero lo que todo tienen que existir los estudios y los estudios nos tienen que llevar a decir, "Ah, mire, es que en esa zona están asentados tantas comunidades campesinas., hay comunidades indígenas. De pronto hay comunidades afro”, no sabemos qué hay en el territorio. Frente a esa realidad, yo preguntó, "¿Cuántos diputados han pisado el bosque de Galilea?" Mi pregunta es genuina y respetuosa porque es que tomar decisiones desde Ibagué, hacia la periferia es muy fácil. No tenemos hoy en día los estudios sensatos.

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E.C.C.: ¿Y plan de manejo ambiental?

J.T.: Hoy en día ya hay un plan de manejo del Bosque Regional de Galilea, se realizó para decretar la zona como bosque regional protección. Yo digo, "Bueno, ¿y por qué no se ha adelantado? ¿Qué es lo que ha avanzado frente a ese plan de manejo? ¿Dónde está la Corporación Autónoma Ambiental? No hace absolutamente nada, no avanza de manera significativa la protección del mismo.

Lo único que hacen es un tema de básica conservación, pero frente a esa realidad de la conservación, yo también creo que tienen que entender que hay una conservación que tiene que ser directamente relacionada con un sujeto especial de protección como lo es el campesinado. Lo que carece el carece la ordenanza justamente de un estudio previo donde nos muestren los polígonos, donde nos muestren también la caracterización y realmente qué es lo que hay en la zona para poder así saber lo que vamos a proteger. No hablan realmente de la dimensión puntual de cuáles son los municipios que tendrían esos corredores y que tendría digamos esa esa zona de protección ambiental.

E.C.C.: ¿Cuál es su postura como ambientalista frente a lo que propone la Ordenanza?

J.T.: Yo sé que en estos momentos ya se está reuniendo la comunidad porque me están informando de que están haciendo también ellos mesas de trabajo de manera directa porque están totalmente inconformes con lo que pasó en la Asamblea Departamental

La ordenanza de verdad, también lo digo genuinamente, en su esencia, en su espíritu no es negativa. Lo que nos toca buscar a todos y todas es mecanismo para que la ciudadanía pueda participar y entre ellas pues por qué no eliminar hasta el artículo Quinto que es un artículo que puede generar mucha tensión dentro de la comunidad sobre el tema del desarrollo sostenible y es como se puede llegar a utilizar todo el tema de la conservación, pero que abren la compuerta para las empresas multinacionales.