La ministra del Trabajo, Natalia López, lanzó una alerta sobre la situación financiera de Colpensiones y aseguró que actualmente no están disponibles los recursos necesarios para cubrir el pago de las pensiones correspondientes a noviembre y diciembre.

Ante el Congreso, la funcionaria señaló que Colpensiones requiere cerca de $58 billones para atender sus obligaciones y que existe un faltante de aproximadamente $5 billones para cerrar el año.

“Colpensiones hoy requiere cerca de $58 billones y tenemos un déficit para cerrar el año, a noviembre o diciembre, de $5 billones para pagarles la pensión a los colombianos. No está la plata, no están los recursos”.

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López explicó que el Gobierno está trabajando con el Ministerio de Hacienda para buscar alternativas que permitan garantizar los recursos y evitar dificultades en el pago de las mesadas.

La ministra insistió en que los recursos destinados al pago de las pensiones son una prioridad y calificó las mesadas como un derecho que el Estado debe garantizar.

“Los recursos y la plata de nuestros viejitos, de los pensionados, es sagrada”, afirmó.

Presión sobre las cuentas de 2027

La advertencia también se da en medio de las necesidades presupuestales que enfrenta el sistema pensional para 2027. Según las cifras expuestas por el Ministerio del Trabajo, Colpensiones proyecta necesidades por cerca de $96,8 billones para el próximo año, de los cuales alrededor de $50 billones corresponderían a ingresos propios y unos $46 billones a transferencias de la Nación.

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La situación se suma a las presiones que enfrenta el presupuesto del sector Trabajo, cuya ministra también ha advertido sobre un déficit de recursos para atender las obligaciones de la cartera y sus entidades.

La discusión sobre la financiación de Colpensiones ocurre mientras continúa el debate jurídico por los recursos de los afiliados que se trasladaron desde los fondos privados. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente las transferencias previstas hacia Colpensiones, por alrededor de $5 billones.

En su momento, el entonces ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, cuestionó la decisión y advirtió que, a su juicio, la suspensión podía poner en riesgo el pago de las pensiones de quienes se trasladaron del régimen privado a Colpensiones. El funcionario sostuvo que, mientras esos recursos permanecieran en los fondos privados, el Estado tendría que continuar asumiendo con recursos públicos el pago de las mesadas de los pensionados trasladados.