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Los videos que salen desde la cárcel de Picaleña generan indignación en Colombia

Los videos que salen desde la cárcel de Picaleña generan indignación en Colombia

Andrés Ricci, fue condenado por el feminicidio de su pareja sentimental, Luz Mery Tristán.


La publicación de un video grabado por Andrés Gustavo Ricci, responsable del feminicidio de la reconocida deportista Luz Mery Tristán, ha provocado una ola de rechazo a nivel nacional. Desde la cárcel de Picaleña en Ibagué, Ricci difundió una grabación en la que habla de su relación con Tristán y ofrece su versión sobre los hechos que lo llevaron a ser condenado a 45 años y siete meses de prisión.
En el video, el feminicida asegura que la muerte de Luz Mery fue “un accidente” y un “acto de irresponsabilidad”, desconociendo el fallo judicial que lo halló culpable por feminicidio agravado. “Nunca fue mi intención causar la muerte de Luz Mery”, declaró, y aunque pidió perdón a la familia y a la sociedad, insistió en que no acepta el delito por el cual fue sentenciado.

El contenido fue grabado el pasado 8 de abril con autorización judicial, según confirmó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), tras la solicitud de un periodista de Caracol que ingresó con camarógrafo y equipo técnico. Sin embargo, el material ha sido duramente cuestionado por expertos legales y colectivos de mujeres, quienes consideran que vulnera los derechos de la víctima y promueve la revictimización.

Valeria, hija de la deportista asesinada, expresó su dolor en medios de comunicación: “Andrés Ricci es el responsable de que tengamos que celebrar cumpleaños y Día de la Madre en un cementerio”. Organizaciones feministas también se han pronunciado, advirtiendo que este tipo de expresiones mediáticas desde centros penitenciarios reabren heridas e ignoran el impacto de la violencia de género en las víctimas y sus familias.

Aunque Ricci afirma que está dispuesto a asumir su responsabilidad, el tono del video y su difusión han generado un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión en casos de crímenes contra mujeres.

Por su parte, abogados penalistas advierten que permitir este tipo de contenidos sin un control ético y judicial adecuado podría sentar un grave precedente y afectar los procesos de justicia restaurativa.
Colectivos de mujeres, víctimas de violencia y ciudadanía en general hacen un llamado a no reproducir ni consumir este tipo de materiales que, lejos de aportar a la verdad, perpetúan el dolor de quienes han sido golpeados por la violencia de género.

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