La Fundación Arte y Tambora, una organización liderada por mujeres en el Tolima que trabaja por la erradicación de la violencia de género, se pronunció este 24 de noviembre en una rueda de prensa sobre el caso de Stefanny Katherine Bocanegra Murillo, asesinada estando en estado de gestación.

La vocera de la organización denunció una grave negligencia del Instituto de Medicina Legal, que “no entregó a tiempo el concepto”, lo cual, según ellas, facilitó que Julián Avellaneda Rojas quedara libre por vencimiento de términos antes de ser condenado, y luego se fugara pese a la sentencia en su contra.

La muerte de Stefanny Katherine Bocanegra Murillo

De acuerdo con el reporte oficial, las grabaciones de las cámaras de seguridad fueron fundamentales para reconstruir los hechos: se ve a Avellaneda merodeando el local donde trabajaba Stefanny y, luego, obligándola a entrar. Una vez dentro, le disparó varias veces, impactándola tres veces en el vientre, según las autoridades.

Durante el ataque, Pablo César García Ruiz, de 45 años y compañero de trabajo de Stefanny, intentó intervenir y fue herido con dos disparos en el brazo izquierdo. Por esto, Avellaneda no solo responde por feminicidio, sino también por tentativa de homicidio.

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Durante el proceso a Julián Avellaneda  se le alcanzo a cumplir el plazo para iniciar el juicio oral y quedo en libertad. Aunque finalemnte fue condenado a 41 años de cárcel sin posibilidad de rebajas, para cuando llegó la condena ya se había escapda y a la fecha, las autoridades aun no logran dar con paredero. 

La impunidad como perpetuadora de la violencia

La Ley 1761 de 2015, conocida como Ley Rosa Elvira Cely, nació tras un crimen que estremeció al país y evidenció graves fallas del Estado en la protección de las mujeres. Esta norma tipifica el feminicidio como delito autónomo, reconociendo que no todos los homicidios contra mujeres pueden entenderse sin la carga de violencia estructural y desigualdad que los provoca.

La ley busca que estos crímenes sean investigados con enfoque de género, establezcan agravantes cuando el agresor es pareja o expareja, y obliguen a las instituciones a actuar con diligencia reforzada para prevenir, sancionar y evitar la impunidad. Sin embargo, los casos como el de Stefanny Katherine Bocanegra Murillo demuestran que la ley no es suficiente si las instituciones fallan en aplicarla con prontitud y rigor.

Cuando procesos se dilatan como si la muerte de una mujer no fuera prioridad, la justicia envía un mensaje que normaliza la violencia y permite que los agresores continúen evadiendo responsabilidades. Como ocurre con el profugo feminicida Julian Avellaneda, que recibio una condena ejemplar, pero que no la esta cumpliendo porque, al parecer, la negligencia institucional lo libero.