La JEP también citó a rendir versión a Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo, integrantes del último Secretariado de las Farc, por hechos de violencia sexual, reproductiva y de género investigados dentro del Macrocaso 11 que investiga la violencia basada en género, la violencia sexual, la violencia reproductiva y los crímenes cometidos por prejuicio motivados por la orientación sexual o la identidad de género diversa durante el conflicto armado entre 1957 y 2016.

Entre las conductas documentadas están abortos forzados y situaciones en las que mujeres fueron obligadas a entregar a sus hijos para que fueran criados por otras personas.

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Hasta ahora, el expediente cuenta con 34 víctimas acreditadas, de las cuales 30 son directas y cuatro indirectas. Los hechos investigados ocurrieron entre 1990 y 2015 en al menos 12 departamentos del país.

Con estas versiones, la Sala de Reconocimiento de Verdad busca establecer la posible responsabilidad de los antiguos integrantes del Secretariado y determinar si otras personas, incluso sin ocupar formalmente posiciones de mando, ejercieron poder de facto y tuvieron participación o conocimiento de estas prácticas dentro de las estructuras de las Farc.

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Los testimonios de las víctimas permanecen bajo reserva y fueron recopilados por la magistrada Lily Rueda, quien lidera esta investigación.

Sandra Ramírez citada

La exsenadora deberá rendir versión libre dentro del Macrocaso 07, que investiga el reclutamiento de menores y las violencias cometidas contra niñas y adolescentes en las filas de las Farc. Varias víctimas la han señalado de facilitar abusos sexuales.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a rendir versión libre a la exsenadora Sandra Ramírez, antigua integrante de las Farc, dentro del Caso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes durante el conflicto armado.

La citación ocurre en medio de una investigación que también aborda las violencias sexuales cometidas contra menores reclutadas. La JEP busca establecer, entre otros aspectos, cuál fue la trayectoria de Ramírez en la guerrilla, qué funciones desempeñó, su eventual capacidad de influencia y su conocimiento o intervención en las violencias ocurridas dentro de las filas.