Con la eliminación de 48.494 hectáreas de protección agrícola bajo la figura de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en el Tolima, por parte del Gobierno de Abelardo de la Espriella, se reabre el debate sobre el uso del suelo y el futuro rural del departamento. Mientras el Gobierno argumenta que busca garantizar la autonomía territorial, el representante Renzo García advierte sobre los riesgos para la soberanía alimentaria, el agua y los ecosistemas.

La decisión de eliminar las APPA en el norte del Tolima deja interrogantes sobre el futuro de estos territorios y las garantías para preservar su vocación agrícola. La medida dejó sin efecto la protección que cobijaba a los municipios de Fresno, Herveo, Murillo, Casabianca, Líbano, Palocabildo, Villahermosa y Falan.

La administración del presidente Abelardo de la Espriella justificó la medida en la necesidad de respetar la autonomía de los municipios para decidir sobre sus modelos de desarrollo y ordenamiento territorial. También cuestionó aspectos técnicos, cartográficos y de participación comunitaria durante la delimitación de estas áreas realizadas durante el gobierno de Gustavo Petro a través de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).

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Sin embargo, la decisión ha generado preocupación entre sectores que defienden la protección y vocación del suelo agrícola. El representante Renzo García advirtió sobre las posibles consecuencias de retirar esta figura de protección, especialmente en un departamento donde, afirma, casi una tercera parte de los hogares enfrenta dificultades alimentarias.

Para García, el avance minero en el norte del Tolima puede comprometer no solamente la producción de alimentos, sino también las reservas hídricas y la integridad de los ecosistemas rurales.

APPA constitucionales

En medio de esta controversia, la Corte Constitucional en su Sentencia C-364 de 2026 con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo, declaró constitucional el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, que establece las APPA, pero condicionó su aplicación a garantías de autonomía territorial y participación efectiva de los municipios.

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El alto tribunal determinó que las decisiones del Ministerio de Agricultura relacionadas con la declaración, modificación o eliminación de estas áreas deben estar precedidas de procesos obligatorios de información, coordinación y concertación.

Además, precisó que el Ministerio puede delimitar las áreas, establecer su destinación a la producción de alimentos e identificar actividades incompatibles con esa finalidad, pero no reglamentar detalladamente los usos del suelo, competencia que corresponde a la autonomía territorial representada en concejos municipales y distritales, así como sus Planes de Ordenamiento Territorial, POT y las particularidades de cada municipio.

En este sentido, el pronunciamiento de la Corte abre una nueva posibilidad para las APPA, al ratificar su constitucionalidad; sin embargo, también un nuevo frente de discusión con el Gobierno nacional, pues el giro en las políticas agrarias de la administración de Abelardo de la Espriella podría marcar el rumbo de la protección del suelo agrícola y de las áreas estratégicas para la producción de alimentos.

El escenario plantea un pulso entre las competencias del Gobierno nacional y la autonomía de las entidades territoriales, así como de las organizaciones regionales y locales organizadas que buscan defender la vocación agrícola y la producción campesina de sus territorios.