La difusión no consentida de fotografías y videos íntimos sigue sin contar con un delito específico en la legislación colombiana. Por eso, la Corte Constitucional volvió a pedirle al Congreso de la República que se pronuncie sobre las sanciones penales que deberían aplicarse a quienes incurran en esta conducta, durante la siguiente legislatura.

El llamado quedó consignado en la Sentencia T-322 de 2026, mediante la cual la Sala Segunda de Revisión estudió una tutela relacionada con un caso que tuvo origen en Ibagué. Una mujer denunció que su expareja habría ingresado sin autorización a sus dispositivos y archivos privados, obtenido videos íntimos que ella producía como parte de su actividad económica y posteriormente los habría entregado a la actual pareja del hombre. Esta última la amenazó con divulgar el material.

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La Corte concluyó que se vulneraron los derechos de la mujer y de su hija menor de edad a la intimidad, al buen nombre, a la propia imagen y a una vida libre de violencia. También aclaró que producir contenido para adultos o autorizar su publicación en plataformas digitales no significa renunciar a la protección de la intimidad ni permitir que otras personas lo obtengan, conserven o compartan sin autorización.

En ese sentido, recordó que el consentimiento debe ser “claro, inequívoco, específico y permanente”, además de revocable. Es decir, autorizar el uso de un contenido para una finalidad determinada no concede permiso para divulgarlo en otros espacios o bajo condiciones distintas.

¿Qué ordenó la Corte?

El alto tribunal revocó el fallo del Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes de Ibagué, que inicialmente había declarado improcedente la tutela. En su lugar, ordenó a las dos personas involucradas eliminar definitivamente los videos e imágenes íntimas en un plazo de 48 horas, sin conservar copias ni haberlos compartido con terceros. La eliminación deberá verificarse ante el juez de primera instancia.

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También les prohibió difundir, publicar, reproducir, comercializar o mostrar el material a otras personas. La Corte compulsó copias a la Fiscalía para que investigue los hechos, pues advirtió que el acceso no autorizado podría relacionarse con el delito de violación de datos personales y que las amenazas podrían configurar extorsión o constreñimiento ilegal.

Además del exhorto al Congreso, la decisión ordenó a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones elaborar, en un plazo de seis meses, una guía digital para prevenir la difusión no consentida de contenidos íntimos. También pidió al Consejo Superior de la Judicatura, junto con la Procuraduría y la Defensoría, avanzar en un protocolo para el manejo de pruebas sensibles que puedan comprometer la intimidad y la imagen de las personas.

Con esta decisión, la Corte insiste en la necesidad de cerrar los vacíos legales frente a la violencia digital y fortalecer la protección de las víctimas, especialmente de las mujeres y sus entornos familiares.