La Ley de Rescate Económico (o Ley de Rescate Fiscal), proyectada para entrar en vigencia en enero de 2027 sujeto a su trámite en el Congreso de la República, busca un severo ajuste en las finanzas del Estado. 

No obstante, la iniciativa ya enfrenta un camino sinuoso en el Legislativo tras el descontento generado por la imposición de impuestos a una extensa lista de bienes y servicios, desde licores, plataformas de apuestas y comercio electrónico hasta vehículos híbridos, eléctricos y productos de la canasta familiar.

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El debate se encendió desde las primeras lecturas del texto. El senador Ariel Ávila cuestionó con dureza el articulado al señalar que “el presidente Abelardo de la Espriella se va en contra de la clase media y la clase trabajadora”. Según Ávila, la norma contempla aplicar un IVA del 19 % a alimentos de consumo diario como tomate, cebolla, zanahoria, plátano, banano, fríjol, lentejas, queso, sal, café y azúcar refinada. “Aunque en la exposición de motivos se afirma que estos productos se mantendrán excluidos, la realidad es que no aparecen exonerados en el articulado”, aseveró.

🚨ATENCIÓN🚨 Abelardo de la Espriella se va en contra de la clase media y la clase trabajadora. A pagar IVA en los siguientes productos. https://t.co/MKMl1RUtyy

— Ariel Ávila (@ArielAnaliza) October 29, 2026

Postura Centro Democrático

A la ola de críticas se sumó la postura de una de las bancadas de Gobierno, el Centro Democrático. El director de ese partido, Gabriel Vallejo, manifestó a través de sus redes sociales que “es mejor un peso en el bolsillo de los trabajadores y ciudadanos que un peso de más impuestos en manos del Estado”.

Sin embargo, el pronunciamiento que más encendió las alarmas dentro del Ejecutivo vino por cuenta del vocero oficial de la colectividad en el Senado, Andrés Forero. En un sorpresivo mensaje, el congresista fijó los límites del respaldo de su partido: “Apoyaré la reducción del gasto público, la disminución del Estado y la eliminación y fusión de entidades. Pero los colombianos no aguantan más impuestos y no puedo acompañar la casi totalidad de las disposiciones tributarias”.

Sorprende la “Ley de Rescate Fiscal”. Apoyaré la reducción del gasto público, la disminución del estado y la eliminación y fusión de entidades. Pero los colombianos no aguantan más impuestos y no puedo acompañar la casi totalidad de las disposiciones tributarias.

— Andrés Forero CD (@AForeroM) October 30, 2026

Algunos puntos del proyecto

Entre los sectores más impactados por el borrador presentado por el Ministerio de Hacienda destacan los siguientes:

Sector financiero: Se prorroga hasta el año 2030 la sobretasa del 5 % en el impuesto sobre la renta para entidades financieras y aseguradoras.

Movilidad sostenible: Se elimina la tarifa preferencial de IVA del 5 % para vehículos híbridos y eléctricos, que pasarán a tributar con la tarifa general del 19 %.

Consumo e importaciones: Se unifica en un 19 % el IVA para bebidas alcohólicas (cervezas, vinos), bebidas endulzadas, cigarrillos, vapeadores y cigarrillos electrónicos, además de gravarse las compras de bajo valor en plataformas como Temu y Shein.

Tecnología y plataformas: Pasan a pagar una tarifa de IVA del 19 % el licenciamiento de software, los servicios en la nube (hosting y servidores) y los depósitos o apuestas realizadas en plataformas de juegos de azar.

Ajuste del gasto burocrático: Se establece una reducción del 20 % en gastos de personal para 2028 (excluyendo a la Fuerza Pública) y un recorte del 50 % en contratos de prestación de servicios profesionales.

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Facultades extraordinarias: Uno de los puntos de mayor fricción política es la propuesta de otorgar facultades al Presidente durante seis meses para reestructurar el Estado, permitiéndole reorganizar, fusionar, escindir o suprimir ministerios, departamentos administrativos y superintendencias.

Impuesto a la renta y salud: Se reduce el umbral para declarar renta a $32 millones anuales, calculando el impuesto sobre una base del 25 % del total de pagos laborales. Adicionalmente, el proyecto propone un incremento progresivo en los aportes al sistema de salud para los trabajadores (dependientes e independientes) con ingresos superiores a dos salarios mínimos.