El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, destacó que “esta es la reforma constitucional, tal vez, si no la más importante, de las más importantes que se han aprobado desde la Constitución de 1991. Durante los ocho debates se fue ajustando, se fue mejorando, se fueron superando diferencias y temores de quienes, legítimamente y siendo amigos de la descentralización, tenían preocupaciones desde el punto de vista fiscal”.

El sistema que se viene aplicando se basaba en que la Nación transfiere a los entes territoriales el 23,8% de sus ingresos corrientes. Cuando entre en vigencia el nuevo  acto legislativo aprobado, los entes territoriales pasarán a recibir el 39,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación, un cambio que se hará de manera gradual mientras se les asignan nuevas responsabilidades.

“La noticia hoy es que Colombia da un paso hacia la autonomía territorial con sostenibilidad fiscal, cumpliendo la regla fiscal, condicionando la aprobación de este acto legislativo a la Ley de Competencias, que va a ser la gran discusión que vamos a dar en el país y, sobre todo, lo más importante, que podamos cerrar brechas territoriales”, señaló el ministro Cristo.

Por su parte la gobernadora del Tolima reiteró que el Congreso acaba de responder a un reclamo de años por parte de las regiones, que buscaban una distribución más equitativa de los ingresos nacionales. “El país se construye desde las regiones, y los gobernadores hemos estado solicitando precisamente esa autonomía que necesitan las regiones para poder gobernar y llegar a cada uno de los territorios”, afirmó la gobernadora Matiz.

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Una vez aprobada la Ley de Competencias, la reforma establece un incremento de las transferencias al 39.5% de los ingresos corrientes de la Nación a partir de 2027, un ajuste que se extenderá durante un periodo de 12 años.

“Ahora sigue el segundo paso, que es la ley de competencias. Estaremos atentos para salvaguardar la autonomía territorial, asegurando que este avance no se limite a los recursos, sino que también fortalezca las capacidades de gobierno de los territorios”, concluyó la Gobernadora.

Lo que falta

Cumplidos los ocho debates reglamentarios para una reforma constitucional, la iniciativa pasa ahora a manos de las plenarias de Senado y Cámara de Representantes para la conciliación, es decir comparar y ajustar en un solo texto lo que se aprobó en las plenarias de las dos corporaciones.

En el texto de la iniciativa se estableció que esta reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) solo entrará en vigor cuando el Congreso apruebe, entre 2025 y 2026, la Ley de Competencias.