El exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, afronta un nuevo proceso judicial, luego que la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación en su contra y cinco funcionarios más, por el fallido proyecto del puente de la carrera Quinta con calle 60.

El ente de control admitió la denuncia que instauró el abogado Luis Felipe Aranzalez por el presunto delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. De acuerdo con Aranzalez, hubo múltiples irregularidades en la licitación que adjudicó el contrato de $40.000 millones al Consorcio Puente Carrera Quinta. "La licitación no solo fue direccionada, sino que incumplió todos los requisitos del pliego tipo", puntualizó. 

En la denuncia, Aranzalez también pidió investigar a la exsecretaria de Infraestructura de Ibagué, Sharon Guzmán; Angie Julieth Rojas, exasesora de la Secretaría de Infraestructura; María Alejandra Arenas, evaluadora jurídica del proceso; Martha Patricia Ramírez, evaluadora financiera; y Diego Hernán, evaluador de aspectos técnicos. 

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La denuncia de Aranzalez indica que, desde la licitación pública, hubo un aparente direccionamiento a favor del Consorcio Puente Carrera Quinta, que terminó multado por incumplimiento. Según la denuncia, habrían exigido a los oferentes que cumplieran requisitos en tiempo récord, lo cual solo alcanzó a conseguir el consorcio ganador. 

"Estableció sin dubitación los dos requisitos de experiencia específica (...) Para la acreditación de la actividad secundaria, es decir, exigió la acreditación de actividades de diagnóstico y/o estudios y diseños, para actividades de conservación de vías y adicionalmente intervención de redes de servicios públicos", señala Aranzalez. 

Asimismo, los funcionarios habrían modificado el pliego tipo para insertar requisitos específicos como el análisis de precios unitarios, la programación de obra o maquinaria en sede, algo que todavía no era necesario exigir. Así, habrían direccionado el contrato para el único oferente que fue habilitado. 

A la par, el Consorcio Puente Carrera Quinta habría incumplido con los requisitos de experiencia habilitante. "Únicamente fue requerido por el incumplimiento de requisitos habilitantes jurídicos, lo que evidencia que la entidad omitió una comparación objetiva de las ofertas, un análisis juicioso del cumplimiento de los requisitos previamente establecidos y un desconocimiento sustancial del principio de selección objetiva", enfatizó el abogado. 

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De esta manera, la Fiscalía investigará de nuevo al polémico exalcalde de Ibagué, como también lo hizo con el sonado caso de los 'piques ilegales' en el Aeropuerto Perales y la fiesta privada que organizó en el estadio Manuel Murillo Toro. 

La Fiscalía además se suma a otros entes de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, que también tienen la lupa puesta sobre este escándalo en Ibagué.