La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, se pronunció para lamentar el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, confirmado en la madrugada de este lunes 11 de agosto.

La fiscal Camargo emitió un comunicado a la opinión pública para indicar que, desde el pasado 7 de junio, cuando ocurrió el atentado en Bogotá, la Fiscalía General de la Nación ha desplegado todas sus capacidades humanas, técnicas y científicas para avanzar en la investigación.

En su comunicado, la fiscal entregó dos noticias claves para el proceso. La primera de ellas consistió en que, por primera vez, en términos oficiales, se definió la muerte de Uribe Turbay como un magnicidio, el mismo término usado para hechos históricos del país como los ocurridos con Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos Galán.

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"El autor material y quienes participaron en la preparación y planificación del magnicidio del senador Miguel Uribe ya responden ante la justicia", acotó la fiscal Camargo.

Y luego agregó que "continúa el compromiso de identificar y judicializar a los determinadores de este crimen, tarea en la que no se descarta ninguna hipótesis. Trabajamos sin descanso con ese objetivo, en cumplimiento de nuestro deber institucional".

Asimismo, trascendió que los involucrados en el atentado a Miguel Uribe, judicializados hasta ahora por el delito de tentativa de homicidio agravado, pasarán a responder por el delito de homicidio agravado. Se trata de una "adición de imputación", con la cual la Fiscalía buscará una condena para los involucrados de 35 a 50 años de prisión.

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Los seis detenidos hasta ahora deberán responder de nuevo ante un juez de la República para otra imputación de cargos. Allí deberán decidir si se declaran culpables o inocentes del nuevo delito, uno de los más graves estipulados en el Código Penal Colombiano.

Así las cosas, la Fiscalía consideró que el fallecimiento de Miguel Uribe se produjo en medio de las circunstancias necesarias para imputar el delito de homicidio agravado, ya que se cometió "en persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, defensor de derechos humanos, miembro de una organización política o religiosa en razón de ello".

Con el nuevo enfoque, la Fiscalía podrá activar protocolos especiales de investigación, considerando el impacto institucional y las posibles motivaciones políticas detrás del crimen.