Un sueño de tener vivienda propia se convirtió en una pesadilla que ya completa más de una década en los estrados judiciales. Veintiséis familias propietarias de Reservas del Paujil, en Ibagué, aseguran no saber qué más hacer para poder construir en lotes adquiridos hace más de 13 años. Denuncian que tanto la justicia como el gobierno municipal les han dado la espalda frente a un derecho que consideran legítimamente adquirido.

El jueves 7 de mayo, un operativo realizado por la Policía Nacional volvió a poner en evidencia una problemática que estas familias llevan años intentando resolver. Ese día, la fuerza pública, en coordinación con la corregidora encargada de El Salado, Nikoll Padilla, suspendió las obras que adelantaban los propietarios para hacer cumplir un fallo de primera instancia del 5 de noviembre de 2024, el cual favorece a Diego Mauricio López Estrada, dueño de un predio colindante, en una disputa por una servidumbre de paso que atraviesa parte de estos terrenos.

El operativo terminó con ciudadanos golpeados, construcciones derribadas y la moral de los propietarios por el piso, al sentir que el sueño de tener una vivienda sigue sin cumplirse. Las familias aseguran que, pese a haber adelantado procesos legales para adquirir sus terrenos, hoy sienten que las decisiones judiciales y administrativas terminan atropellándolos.

Denuncian que fueron golpeados por el ESMAD por defender las construcciones adelantadas en sus predios.

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¿Qué es Reservas del Paujil?

Reservas del Paujil es un proyecto de vivienda que tuvo su génesis en el Sindicato Unión Colombiana de Conductores y Trabajadores del Transporte Público (UCCTT), a través de la Asociación de Vivienda Popular La Vicentina (Aspolar), con el objetivo de facilitar el acceso a viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP) en una zona de expansión rural de Ibagué, específicamente en la vereda La María, sector de El Salado.

El proyecto nació en 2008, luego de la venta de un lote desglosado de una herencia. Según la comunidad, el predio fue vendido por Ligia López de Burbano, tía ya fallecida del actual propietario del terreno vecino con el que hoy mantienen el litigio por la servidumbre.

Actualmente, dentro del proyecto habitacional existen alrededor de 135 viviendas construidas. En total, Reservas del Paujil estaría conformado por aproximadamente 450 familias o lotes asociados.

Además, los habitantes señalan que el proyecto cuenta con servicios públicos. “El sector dispone de un acueducto comunitario propio, alumbrado público, servicio de recolección de basuras prestado por Interaseo y red de energía eléctrica operada por Celsia”, aseguró Patricia Duarte, líder de Aspolar, por lo que rechazan que se trate de una invasión y el operativo sea calificado como un “desalojo”, como algunos medios de comunicación de la ciudad lo han retratado.

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El drama

Las 26 familias afectadas aseguran sentirse agotadas física, emocional y económicamente tras más de una década de litigios. Incluso, manifiestan que, si Diego López Estrada estuviera dispuesto, preferirían vender sus lotes antes que continuar enfrentando restricciones que les impiden construir.

“Si él es muy caballero, ¿por qué no viene aquí y le dice a doña Patricia (Duarte): ‘Úname los dueños de lote y negocio con ellos’? Que nos haga una propuesta y nos compre”, señaló Nidia Moreno, una de las afectadas.

Y agregó: “Aquí pagamos impuestos porque sobre esta tierra paga impuestos. Él dice que somos invasores ante la presencia de Dios. El que nos está quitando es él”

El sueño de muchas de estas familias era ver crecer allí a sus hijos, construir un hogar propio y dejarles recuerdos ligados a un proyecto de vivienda que nunca llegó a concretarse. “Ellos ya son adultos, crecieron y nunca pudieron disfrutar de una casa”, lamentan los propietarios.

La sensación que expresa parte de la comunidad es que López Estrada no quiere pagar por los predios y, por el contrario, busca apropiarse de terrenos que —aseguran— fueron adquiridos legalmente con sus ahorros y años de trabajo. Además, consideran que las actuaciones adelantadas por funcionarios de la Alcaldía de Ibagué terminan respaldando esa situación.

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“Aquí lo único que estamos esperando es una decisión final por parte de un juez”, expresó David Quimbaya, otro de los afectados.

No obstante, las familias solicitan la presencia del secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín, al considerar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad frente a una actuación administrativa que, afirman, los ha golpeado de múltiples maneras.

Aunque el operativo se realizó para hacer cumplir un fallo en primera instancia relacionado con la servidumbre de paso, la comunidad cuestiona la legalidad y delimitación de ese corredor vial.

El Cronista.co buscó al secretario de Gobierno de la Alcaldía de Ibagué, Francisco Espín, y a la corregidora Nikoll Padilla para conocer la posición de la administración municipal frente a las acciones adelantadas en el sector, pero no fue posible obtener respuesta.