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Contraloría destapa millonario hueco en subsidios de vivienda rural
Tomada de MinVivienda.
La Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por $9.666 millones relacionados con irregularidades en el otorgamiento y ejecución de subsidios familiares de Vivienda de Interés Social Rural (VISR) entre los años 2000 y 2019.
De acuerdo con el ente de control, se realizó una auditoría de cumplimiento al Banco Agrario de Colombia y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entidades que fungieron como responsables del programa en distintos periodos.
Hasta 2017, el Banco Agrario tuvo a su cargo la operación de los subsidios. Sin embargo, con la entrada en vigor del Decreto Ley 890 de 2017, la facultad pasó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que asumió la ejecución del programa desde 2018.
Para tal propósito, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural asumió el contrato CONV-GV2015-019 suscrito previamente por el Banco Agrario de Colombia con Fiduagraria S.A.. De esta manera, continuó la ejecución del programa a través de esta fiduciaria y, adicionalmente, implementó una estrategia de autogestión.
Durante las vigencias 2018 y 2019, el Ministerio otorgó 13.195 Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social Rural (SFVISR). No obstante, solo se reportó la terminación de 2.412 subsidios, quedando pendientes por ejecutar 10.461. Es decir, no hay acta de terminación, liquidación contractual ni certificación final de obra.
En 2022, bajo la estrategia de autogestión liderada por el Ministerio, se expidieron 670 resoluciones de otorgamiento correspondientes a rezagos de 2018 y 2019, en cumplimiento de sentencias de los Juzgados Especializados de Restitución de Tierras. Sin embargo, la materialización de estas soluciones habitacionales ha sido mínima: a julio de 2025, solo se habían construido 158 viviendas.
En 2023, el Ministerio y la fiduciaria modificaron los contratos, reduciendo el alcance a 6.445 subsidios a cargo de Fiduagraria. Estos contratos contaban con prórroga de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2025, debido a aplazamientos y una reducción presupuestal.
La Contraloría advirtió que la estrategia implementada por el Ministerio presenta importantes falencias en los procedimientos de supervisión. En total, se configuraron 14 hallazgos administrativos, de los cuales 9 tienen connotación fiscal por $9.666.802.217, 6 presentan presunta connotación penal y 12 tienen presunta incidencia disciplinaria.
El organismo de control señaló la necesidad de realizar un seguimiento permanente al programa para garantizar la culminación de las viviendas proyectadas y evitar afectaciones al derecho fundamental a una vivienda digna de las familias rurales beneficiarias.
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