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“El sistema judicial colombiano está lleno de psicópatas funcionales” Jhoan Cortes
Radiografía de un sistema judicial corroído por la inacción y la corrupción.
Mientras las víctimas de la estafadora, Sandra Milena Contreras Valiente, habían conocido a una mujer fría y calculadora que les robó los ahorros de su vida o pidió préstamos a nombre de ellos y los dejó endeudados llevándose todo el dinero, la defensa la había pintado como una madre cabeza de familia, asesora comercial y enfermera, que se hacía cargo sola de su hija de 15 y su madre mayor de 60 años.
Jhoan, que fue estudiante del Conservatorio del Tolima y es una de las víctimas, quien además sufre de discapacidad por movilidad reducida de sus articulaciones, no tenía los recursos para pagar un abogado, lo que, según su testimonio, lo llevó a enfrentar gran parte del proceso prácticamente por su cuenta, pero también lo llevó a elevar múltiples peticiones escritas al despacho de la jueza del Juzgado Penal Municipal de conocimiento de Medellín, que estaba llevando su caso.
Acaba de comenzar la audiencia virtual del 1 de diciembre de 2025, citada para definir la pena y/o los beneficios de Sandra Milena, quien ya había sido encontrada culpable de estafa agravada en concurso homogéneo y sucesivo. Cuando la jueza manifestó que Jhoan sí había tenido defensoría asignada por el Estado.
“Dos estudiantes de consultorio jurídico”, dice la jueza. Jhoan niega ante la cámara con el dedo índice, mientras la audiencia avanza. Él, visiblemente molesto, trata de mantener la calma, pero le es difícil, porque la defensa está solicitando que Sandra pague su condena en casa, argumentando que su hija está sufriendo ataques de llanto y desórdenes del sueño; además, su madre, adulta mayor, no puede sostenerse económicamente.
Cada tanto, el joven mira con depresión a su estafadora por la pantalla, pensando en todo el daño colateral que vino luego de la estafa: los interminables recorridos por consultorios jurídicos que solo lo hicieron sentir humillado, el tener que cerrar su negocio y pagar un préstamo cuyo dinero él jamás usó, además de la depresión y la ansiedad que toda esta situación le ha generado.
El abogado de otras víctimas, Arnulfo Ruiz, que se encuentra conectado a la audiencia, le dice: “Tranquilo, Jhoan, yo lo voy a representar gratis”. El joven sonríe y acepta con gran alegría aquel acto de generosidad inesperado.
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“La defensa ha tenido la estrategia de pedir plazos para conciliar, pero realmente esto ha sido una burla, un engaño, porque en todos los tiempos que data el proceso de plazos para conciliar no se ha ofrecido ni un solo peso. Las víctimas están doblemente afectadas; además del daño económico, están pendientes de un proceso donde se fijan fechas y fechas para conciliar, pero no hay ánimo conciliador; es como otro modus operandi de estafa”, argumenta el jurista Arnulfo Ruiz, describiendo lo que ha sido el proceso judicial de sus representados y el porqué no sería justo que Sandra se fuera campantemente a pagar la condena en su casa.
Una historia que se remonta a 2019
Según su relato, diez años atrás, en Medellín, Jhoan Sebastián Cortés conoció a Rafael y se hicieron amigos, un vínculo de confianza que nunca imaginó terminaría siendo la puerta de entrada a una estafa.
En 2019, ya instalado en Neiva, Jhoan montó un pequeño local de accesorios y reparación de celulares. Entonces necesitó maquinaria para su negocio y Rafael le presentó a Sandra Milena Contreras como una persona “con contactos”, capaz de conseguir maquinaria y mercancía a bajo costo. Sandra Milena le ofreció a Jhoan la venta de maquinaria y celulares supuestamente rematados por la DIAN. El negocio parecía real, los plazos razonables y la intermediación respaldada por alguien cercano.
Convencido, Jhoan transfirió $7 millones a una cuenta de ahorros perteneciente a una prima de Sandra, y $5 millones a la cuenta personal de la propia Sandra Milena, como pago por la maquinaria. Más adelante, entregó $8.000.000 adicionales, a través de Rafael, por los supuestos celulares en remate. Para sostener la estafa, Sandra utilizó guías falsas de Interrapidísimo, simulando envíos que nunca existieron.
La conciliación que se convirtió en burla
Ante la evidencia del engaño y luego de un arduo proceso que duró más de seis meses, se realizó una audiencia de conciliación ante la Fiscalía en septiembre de 2019. Allí, Sandra Milena Contreras Valiente se comprometió formalmente a pagar a Jhoan Sebastián la suma de $30 millones, con plazos establecidos hasta abril de 2020. El acuerdo quedó firmado, pero nunca fue cumplido.
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Sebastián denunció entonces la obstrucción al proceso, la falta de actuación efectiva para garantizar el cumplimiento de la conciliación y los riesgos contra su seguridad personal. Lo que siguió fue un verdadero viacrucis judicial en el que comenzó a conocer a otras víctimas de Sandra: ellos moviendo escritos, quejas, y solicitudes, mientras la Fiscalía intentaba precluir el caso.
“Después de todo este proceso llegué a la conclusión de que el sistema judicial colombiano está lleno de psicópatas funcionales, que además de sus salarios viven del soborno y la corrupción”, expresó Jhoan.
Condena sin reparación
Sandra Milena Contreras Valiente fue capturada el 10 de febrero de 2025 en Medellín y enviada a la Cárcel El Pedregal. Había sido denunciada por seis personas, además de Jhoan. Posteriormente, Sandra decidió allanarse a los cargos, aceptando su responsabilidad penal para obtener una rebaja de la pena.
Los abogados de las víctimas —entre ellos Arnulfo Ruiz — se opusieron a cualquier subrogado penal, solicitaron la pena máxima y pidieron que se investigara a quienes habrían participado en la recepción del dinero.
El juzgado condenó a Sandra Contreras a 45 meses de prisión, pena reducida por el allanamiento, y negó la prisión domiciliaria al no acreditarse la condición de madre cabeza de familia. El abogado de las víctimas apeló la sentencia en busca de un aumento de la pena y aún continúa esperando que se comience un proceso judicial contra los demás implicados.
“Nosotros creemos que esto es una gran red, porque hay más víctimas y estas han sido amenazadas para no denunciar, y creemos que hay personas de la Fiscalía involucradas, porque no quieren investigar”, expresó Jhoan.
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