Jaime y Francisco Angulo Osorio, hermanos y financiadores del paramilitarismo en Ituango, revelaron en testimonios ante la JEP —publicados por la revista Cambio este 17 de agosto— detalles que reavivan la acusación que dio origen al proceso judicial en el que Álvaro Uribe Vélez terminó condenado por soborno y fraude procesal.

El señalamiento apunta a los presuntos vínculos directos del expresidente con el paramilitarismo, en la época en que era Gobernador de Antioquia, particularmente con la masacre de Ituango y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, este último, un crimen al que ya lo había vinculado el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en sus declaraciones de 2023.

Estos testimonios recuerdan los inicios del proceso judicial que hoy tiene condenado a Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria, cuando en 2012 el senador Iván Cepeda lo denunció en el Congreso por sus presuntos vínculos con paramilitares, y Uribe respondió denunciando a Cepeda ante la Corte Suprema por fraude procesal y manipulación de testigos. Con el tiempo, el proceso se volteó en contra del expresidente.

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Ituango Antioquia

El primer episodio fue la masacre de La Granja, corregimiento rural de Ituango, ocurrida el 11 de junio de 1996, cuando paramilitares del Bloque Mineros asesinaron a cinco campesinos en este corregimiento. La acción, que buscaba castigar a la población por supuesta colaboración con la guerrilla, sembró el terror en la comunidad y obligó a muchos habitantes a huir de la zona.

Un año después, entre el 22 y el 29 de octubre de 1997, ocurrió la masacre de El Aro, también es un corregimiento del municipio de Ituango. Cerca de 200 paramilitares incursionaron en el corregimiento, asesinaron a por lo menos 15 campesinos, desplazaron a más de 900 personas, quemaron casas y cultivos, y robaron más de 1.000 cabezas de ganado.

Aunque tropas del Ejército se encontraban en el área, no intervinieron para detener la matanza. Por el contrario, distintos testimonios han señalado su colaboración con los paramilitares.

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El ciclo de violencia continuó con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido el 27 de febrero de 1998 en Medellín. Valle había denunciado públicamente los vínculos entre paramilitares, la Fuerza Pública y la Gobernación de Antioquia. Su muerte se convirtió en un símbolo de la persecución contra quienes se atrevieron a señalar las alianzas criminales que operaban en la región.

Condena al Estado colombiano

En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por estos hechos, al establecer que existió una coordinación entre paramilitares, Ejército y autoridades departamentales durante la época en que Álvaro Uribe Vélez era gobernador de Antioquia (1995-1997).