En el caso del exalcalde Andrés Hurtado por el fallido puente de la calle 60, donde avanza el proceso de responsabilidad penal por los presuntos delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, el trámite había sido suspendido tras la declaración de impedimento presentada por el juez Séptimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué, Eliécer Vargas Díaz.

De acuerdo con los argumentos del juez, su imparcialidad podría verse comprometida debido a un antiguo contrato de prestación de servicios que suscribió con el Municipio de Ibagué durante la administración del entonces alcalde Andrés Hurtado, sumado a las críticas y señalamientos difundidos en medios de comunicación y redes sociales contra su familia. En su criterio, estas circunstancias podían afectar la percepción de imparcialidad en un proceso de alta connotación pública.

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Sin embargo, el octavo del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Ibagué declaró infundado el impedimento. La decisión señala que una relación contractual previa con el municipio no equivale a haber sido apoderado personal del procesado ni genera un vínculo de subordinación laboral que comprometa la imparcialidad del funcionario judicial. Asimismo, recordó que los impedimentos son de carácter excepcional y deben sustentarse en causales objetivas previstas por la ley, no en apreciaciones subjetivas.

El despacho también indicó que los cuestionamientos publicados en redes sociales o medios de comunicación contra el juez o su cónyuge no constituyen una causal legal para apartarse del conocimiento del proceso. Además, advirtió que el funcionario no identificó cuáles eran los medios de comunicación ni los autores de dichas publicaciones.

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En consecuencia, el proceso deberá continuar con la audiencia de formulación de imputación, etapa en la que la Fiscalía comunicará formalmente los cargos a los investigados. En esa diligencia, el juez también deberá resolver la solicitud de medida de aseguramiento que presente el ente acusador y determinar si los procesados afrontarán el resto del proceso con alguna restricción a su libertad o bajo otra medida cautelar.

Este proceso judicial se tramita de manera paralela al de peculado por uso en el caso del estadio Manuel Murillo Toro para la realización de una fiesta infantil, donde el exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado fue hallado responsable del delito como coautor, junto al exgerente del IMDRI, Alejandro Ortíz.