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Corte Suprema cita a indagatoria al senador Miguel Barreto por el caso ‘Las Marionetas’
Pierre García y el senador Miguel Ángel Barreto en Rovira en junio de 2022 en el anuncio de la construcción de la plaza de mercado.
La Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria al senador del Partido Conservador, Miguel Ángel Barreto, en el marco de la investigación relacionada con el caso Las Marionetas 2. La información fue revelada en primicia por La W Radio.
La diligencia quedó programada para el 20 de enero a las 9:30 a.m., en las instalaciones de la Sala de Instrucción de la Corte. El senador, oriundo de Boyacá, pero elegido por el Tolima, deberá responder por su presunta participación en el entramado de corrupción que direccionaba contratos de obras públicas.
El magistrado Marco Antonio Rueda Soto determinó llamar a indagatoria a Barreto para que responda por los presuntos delitos de cohecho propio y tráfico de influencias.
Con esta decisión, Miguel Barreto se convierte en el tercer senador en enfrentar un proceso formal ante la Corte Suprema por el caso ‘Las Marionetas’, red de corrupción que presuntamente operaba adjudicando contratos a determinados contratistas a cambio de pagos ilícitos a congresistas.
Según la investigación, Barreto habría continuado con el esquema de corrupción que manejaba el fallecido excongresista Mario Castaño, señalado como jefe del entramado. Por este mismo caso estuvo capturado durante más de un año el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, liberado en mayo de este año y enfrentará su proceso judicial en libertad.
Las Marionetas
Es de recordar que el principal cómplice de Ciro Ramírez en la organización criminal que armaron, según la investigación, fue Pierre García exsubdirector del DPS en el gobierno de Iván Duque y representante a la Cámara de Representantes del Centro Democrático por el Tolima.
Se señala que Pierre García y el senador Ciro Ramírez, presuntamente habrían conformado una organización criminal para apropiarse de parte de los recursos destinados al Fondo de Inversión para la Paz, donde habría recibido coimas por cerca de $1.000 millones, a cambio de gestionar contratos de obra e interventoría en los departamentos de Quindío y Tolima.
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