Los procesos de contratación para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Ibagué avanzan en medio de sendas denuncias por presunto direccionamiento, sobrecostos y otros actos de aparente corrupción.

El Cronista.co recibió testimonios y documentos que señalan las presuntas irregularidades que existen en los procesos de licitación para contratar proyectos como la rehabilitación de la carrera Quinta, la instalación de los nuevos paraderos y la modernización de la red semafórica.

La Quinta

El proceso más cuantioso que avanza es el de $39.115.876.415 para el mejoramiento de la malla vial de la Quinta, entre calles 10 y 58. Actualmente la licitación pública avanza en la etapa de selección de oferente, aunque todavía no son claros los alcances exactos del proyecto.

De acuerdo con el abogado Luis Felipe Aranzalez, este proceso viola de manera flagrante el principio de planeación de la contratación estatal. Aranzalez teme que se repita la historia del fallido puente de la calle 60, proyecto que fracasó por la falta de planeación.

“Lo que van hacer es un contrato denominado llave en mano. En el que contratan una persona para que haga los diseños, él mismo se dé los precios, establezca las cantidades, el plazo que necesita y empiece a ejecutar una vez tenga todo. El problema de esa modalidad es que afecta el principio de planeación”, arguyó Aranzalez.

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Una vez adjudiquen el contrato, el oferente elegido tendrá tres meses para presentar estudios como el levantamiento topográfico, estudio de tránsito, estudio sociopredial, entre otros. Lo que podría llevar a que solicite una adición presupuestal para poder cumplir con las obras que él mismo diseñó.

“Esto puede provocar que el contratista, al cabo de tres meses, diga que el dinero que tiene no le alcanza, que establezca unas cantidades diferentes y solicite una adición”, expuso el abogado.

Similar al puente de la 60

Aranzalez también expone que este contrato de pavimentación se parece al del puente de la 60, por el aparente direccionamiento que existe a través de la experiencia exigida a los oferentes.

“Lo que hicieron es incluir en las exigencias una experiencia adicional que no guarda ninguna coherencia con el proyecto. Esto, como un mecanismo para poder limitar la participación de proponentes; algo muy similar a lo que ocurrió con el puente de la 60”, asevera.

El SETP de Ibagué modificó los pliegos tipo recomendados por Colombia Compra Eficiente, agregándole experiencia en conservación y mantenimiento o limpieza de vías.

“Ninguna de las actividades que se van a realizar tienen relación con el mantenimiento. Crean una gran cantidad de experiencia, complejizan el proceso para que pocos se presenten y presuntamente lo direccionan a escasos beneficiarios”, asevera.

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Los paraderos con aparentes sobrecostos

El otro proceso cuestionado es el de $9.118.993.670, para la instalación de 1.150 paraderos tipo banderín, que también avanza en su etapa de selección de oferente. Si bien su estructuración parece correcta, algunos ítems tendrían sobrecostos, toda vez que los precios fueron establecidos sin ninguna sustentación, según advierte Aranzalez.

“Al no estar justificados, tiene unos sobrecostos evidentes, todavía por determinar con exactitud”, puntualiza.

En total, el contrato contempla la fabricación e instalación de 889 señales verticales tipo bandera, cada una a un precio de $3.516.666. Y otras 261 señales similares, aunque más grandes, cada una a un precio de $4.783.333. En total, las 1.150 señales costarán $4.374.766.666. Precio que le resulta exagerado a Aranzalez.

“Son precios sin ninguna justificación. En ninguna parte se regula de dónde vienen esos costos. Debería aparecer en el análisis del sector o en el estudio previo, pero no. Nadie sabe de dónde los sacaron y no hay manera de averiguarlo”, señala.

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Aparente falsificación de documentos

De otro lado, también insisten en la presunta falsificación de documentos y aparente direccionamiento en el proceso la modernización de los semáforos en Ibagué. Este proceso que asciende a los casi $9.000 millones, ya fue adjudicado a la Unión Temporal Ibagué Smart City, conformada por las empresas Randley (45%) y Smart Mobility y Security SAS (55 %).

En su momento, otro de los oferentes, la Unión Temporal Ciudad Inteligente 2024, denunció en El Cronista.co que los ganadores habían falsificada una acreditación para demostrar experiencia en obras civiles. Lo habrían hecho con una acreditación de Metro Sabana, de Sincelejo, donde también modernizaron los semáforos para la implementación del SETP.

Aunque el contratista ganador mostró una respuesta en la que Metro Sabana asegura la acreditación es verdadera, la Unión Temporal Ciudad Inteligente 2024 insiste en que el documento fue falsificado. El contratista ganador mostró tres acreditaciones sobre su experiencia con Metro Sabana, y ninguna coincide con las otras.

“De los 7 capítulos que tuvo el contrato de Metro Sabana, ninguno era de obras civiles. Pero en la acreditación que le emite Metro Sabana en como si las hubiera hecho. Es posible que Metro Sabana se haya prestado. O la empresa no sabe lo que contrata y por lo que paga, o puede haber una presunta falsificación de documento público”, esgrimen los integrantes de la Unión Temporal Ciudad Inteligente 2024.

Interventoría a obras de los semáforos

Otro aspecto que genera suspicacia es el ganador del contrato por $637 millones para realizar la interventoría a las obras de los semáforos. Se trata del Consorcio Inter Semafóricas Ibagué, que también le hizo la interventoría a la empresa Smart Mobility y Security SAS en un contrato de semáforos en Villavicencio, Meta.

“Aseguraron el proceso en obra y en interventoría para poder, si se presentan irregularidades, cuenten con el beneplácito de la interventoría. Por ende, desangrar el erario por temas de adiciones presupuestales, sobrecostos y demás”, advierten.

Por tanto, ellos radicaron una solicitud de revocatoria de la licitación pública. Sin embargo, las probabilidades de que el SETP eche para atrás el proceso son muy bajas.

“Muy seguramente la entidad contratante (SETP) va ratificar su posición y omitir nuestros argumentos. Pero nosotros seguiremos con el debido proceso y después vamos a proceder en vía legal a lo que haya lugar, que puede ser una demanda. Se están violando los principios de selección objetiva, transparencia y economía”, concluyen.

Por todo lo anterior, los diversos interesados temen que se repita la historia del fallido puente de la calle 60, en el cual la falta de planeación llevó al rotundo fracaso.