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IBAL habría pagado más de $600 millones por obras que nunca se hicieron
El exalcalde Andrés Hurtado junto a la exgerente del IBAL, Érika Palma.
La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL) continúa en líos con los entes de control por aparentes irregularidades en la contratación, las cuales al parecer atentan contra los principios de planeación, eficiencia o transparencia.
Ahora, la Procuraduría General de la Nación le abrió una indagación previa al IBAL por presuntas de irregularidades en la planeación, supervisión e interventoría del contrato para la rehabilitación, reposición y mejoramiento de las redes urbanas de acueducto y alcantarillado, en su fase 1.
El proceso de indagación inició después de una auditoría de cumplimiento adelantada al IBAL para las vigencias 2022 y 2023, particularmente frente al contrato que se ejecuta en el marco del Acueducto Complementario, por un valor inicial de $12.606 millones, con una adición posterior de $5.879 millones. Esto, durante el gobierno del exalcalde Andrés Hurtado y la gerencia de Érika Palma.
“La Provincial de Instrucción de Ibagué refirió que se identificaron posibles irregularidades que comprometerían la adecuada ejecución del contrato, como el pago de aproximadamente $608 millones por actividades de construcción de un sistema de contención de taludes que no habrían sido ejecutadas ni soportadas técnicamente”, informó el Ministerio Público.
También se advirtieron cobros por transporte de materiales desde una cantera más lejana a la realmente utilizada, lo que podría representar un detrimento patrimonial cercano a los $189 millones.
La Procuraduría, por último, cuestionó la financiación de trabajos de pavimentación con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), destinados exclusivamente al mejoramiento de redes de acueducto y alcantarillado.
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