Un total de 22 oferentes se presentaron a la licitación pública por cerca de $35.000 millones que lanzó la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL) para implementar la segunda fase de su denominado ‘Combo 3x1’, con el que pretende rehabilitar las vías en varios sectores de Ibagué.

Desde su etapa de formulación de pliegos, el proceso suscitó suspicacias por un posible direccionamiento que podría estar ‘cocinándose’ a favor de algún futuro oferente. Los requisitos exigidos en los ítems de experiencia, músculo financiero y disponibilidad de maquinaria, hizo pensar que podría “amarrarse” o direccionar el contrato a favor de un contratista todavía desconocido. De hecho, se llegó a considerar que podría tratarse de otra licitación con oferente único, como ha ocurrido en otros procesos en la administración de la alcaldesa Johana Aranda.

Sin embargo, superada la etapa de presentación de ofertas, por los menos este último temor quedó desvirtuado. A la licitación pública se presentaron 22 oferentes, entre contratistas del Tolima y otras regiones del país. Lo que, al menos en principio, hace prever un proceso plural.

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“Los recursos públicos se deben invertir con responsabilidad, y por eso hemos decidido solicitar a la Procuraduría que vigile cada etapa de este proceso. Queremos que los ibaguereños tengan plena confianza en lo que hacemos y en cómo lo hacemos”, aseguró la alcaldesa.

No obstante, todavía surgen dudas sobre la transparencia del proceso, debido a los nombres que figuran en algunos de los consorcios que se presentaron. Se trata de viejos conocidos de la contratación estatal en el Tolima, recordados algunos por sus incumplimientos o por cuestionados proyectos ejecutados en el departamento, así como por sus nexos con ciertos sectores políticos.

Los contratistas

Por ejemplo, el primero en presentar su oferta fue Asfaltemos, una empresa que siempre se ha relacionado con el exalcalde de Ibagué, Jesús María ‘Chucho’ Botero. Hará parte de la Unión Temporal Vial 3x1 Etapa 2 junto a la empresa Micob Ingeniería SAS. Su representante legal es el ingeniero Andrés Eduardo Trujillo Arango, aunque suele mencionarse en los círculos políticos que detrás Asfaltemos persisten intereses de ‘Chucho’ Botero, quien apoyó a la alcaldesa Aranda en su campaña del 2023.

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Asfaltemos es recordada por recientes y cuestionados proyectos, como la denominad ‘Ambulancia vial’ implementada por Aranda el primer año de su gobierno. Este proyecto, que ejecutó Asfaltemos, fue blanco de críticas por la calidad de los reparcheos en varios sectores de Ibagué, pese a que el contrato ascendió a los $2.000 millones.

Por su parte, el verdadero dueño de Micob Ingeniería, aunque en el papel figura su hija, es Luis Egimio Barón, recordado por sus buenas relaciones con los exalcaldes Andrés Hurtado y Luis Hernando Rodríguez. Barón fue quien a finales del 2022 se ganó el polémico contrato por $25.000 millones para obras del Acueducto Complementario que permitieran llevar el agua desde Coello Cocora hasta el tanque de la Fiscalía y hogares en el sur de Ibagué. Dicho contrato terminó costando $5.000 millones más, presentó un detrimento de $1.000 millones según la Contraloría General y tuvo sendas demoras en su ejecución.

Otro viejo conocido en el Tolima que aspira al contrato del IBAL es el Consorcio IBALPRO 25, conformado por las empresas Viaycons SAS (60 %) y Prodiac Ltda. (40 %). Su representante legal es Juan Carlos Ramírez Ospina, un contratista consentido del exalcalde Andrés Hurtado y también de la alcaldesa Aranda, recordado por sus demoras en los plazos establecidos para la ejecución de las obras.

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A Ramírez Ospina se le recuerda por proyectos como el primer tramo de la calle 103 o la segunda fase de la vía Ibagué – Rovira, ambos muy cuestionados por la calidad de las obras y las demoras en su ejecución. Asimismo, el ingeniero es el dueño del contrato por $8.200 millones para la instalación de 1.150 paraderos nuevos en el marco de la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP). Contrato adjudicado desde enero de este 2025, pero que, a la fecha ni siquiera ha iniciado su ejecución.

A la par, entre los aspirantes al nuevo contrato del IBAL, aparece el experimentado y cuestionado Didier Portela, quien es el representante legal del Consorcio OE IBAL3x1, que lo integran las empresas Incobelci SAS y UCO SAS. Portela es recordado principalmente por la polémica construcción del Coliseo Mayor del Parque Deportivo: proyecto que inicialmente tenía una inversión de casi $44.000 millones, pero después obtuvo una adición presupuestal de casi $20.000 millones. Es decir, más del 40 % del valor total previsto inicialmente.

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El Coliseo Mayor, que se debía construir en un plazo de 14 meses, demoró dos años y medio más de lo previsto, y fue entregado en medio de cuestionamientos por la mala calidad de las obras en algunas zonas del escenario deportivo.

Por último, entre los contratistas más conocidos figura uno muy popular de El Espinal. Se trata de Aitor Mirena de Larrauri Echevarría, un experimentado de las obras públicas, pero también recordado por múltiples polémicas. Su empresa Constructora SAS junto con Consultoría SAS integran el Consorcio Redes Urbanas 2025.

Aitor Mirena es recordado por múltiples “chambonadas”, retrasos, obras abandonadas y hasta presuntas falsificaciones de firmas. Como el ‘Parque Sacúdete’ de Girardot, Cundinamarca, que según medios locales permanece abandonado desde hace cuatro años, aunque ya se invirtieron 7.000 de los $16.000 millones previstos.

En su momento, también cuestionaron la entrega de un contrato del IBAL por $26.000 millones para Aitor Mirena en el 2023. Veedores denunciaron un presunto favorecimiento para el contratista espinaluno, que finalmente construyó la planta de tratamiento de Boquerón, la cual recientemente fue objeto de cuestionamientos por la mala calidad de sus obras por parte de la Contraloría.

Si bien se presentaron una gran cantidad de oferentes al nuevo contrato del IBAL, de acuerdo con algunos líderes comunales, todo apunta a que alguno de “los mismos de siempre” se quedará con los $35.000 millones para la construcción y reposición de redes de acueducto, alcantarillado y la recuperación vial en sectores urbanos, con lo que Aranda pretende cumplir su promesa de mejorar la malla vial de la ciudad.