Tras un operativo de policía judicial realizado el pasado mes de julio en la Nueva EPS, la Contraloría General de la Nación determinó múltiples irregularidades financieras y administrativas en las vigencias de 2022 a 2025. La entidad de salud, según la Contraloría, muestra un deterioro todavía mayor desde su intervención en abril de 2024.

Los datos obtenidos le permitieron a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) generar una alerta por las presuntas irregularidades relacionadas con el incremento de anticipos, el represamiento de facturas sin auditar, el aumento de cuentas por pagar, falencias en la contratación de prestadores y deficiencias en la constitución de reservas técnicas.

El análisis preliminar detectó un incremento significativo en los anticipos pendientes por legalizar entre las vigencias 2023 y 2024, pasando de $3,4 billones a $8,6 billones, lo que equivale al 155 %, variación que afecta la situación financiera de la EPS.

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La Contraloría evidenció un crecimiento acelerado en los anticipos pendientes por legalizar en lo corrido de 2025, pues al corte de junio se acumularon $6,6 billones adicionales frente al total reportado durante 2024, pasando de $8,6 billones a $15,27 billones.

Esta situación compromete la liquidez institucional y aumenta el riesgo de un posible detrimento patrimonial, especialmente en aquellos que superan los dos años por un valor de $143.000 millones.

Con corte a junio de 2025, se encontró un saldo elevado de anticipos pendientes por legalizar por $5,7 billones correspondientes a 2024, lo que evidencia que una parte significativa de los recursos girados en ese periodo aún no ha sido soportada debidamente.

Facturas sin revisión o validación

Del reporte total de facturas pendientes por procesar entregado por la EPS, se encontró que a la fecha existen 22.737.247 registros por un valor de $22,1 billones. Al realizar la verificación inicial, se identificaron 9.155.060 facturas de servicios de salud repetidas, cuyo valor asciende a $8,9 billones. Por consiguiente, al excluir los registros repetidos, existen facturas por valor de $13,2 billones pendientes de procesar.

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Del valor de las facturas pendientes por procesar, el 37,1 % corresponde a la vigencia 2024 y el 59,9 % restante al primer semestre de 2025. Esto indica que el 97 % de las obligaciones reportadas aún no ha sido sometido a revisión por parte de la EPS.

Estas circunstancias generan inconsistencias contables y financieras debido a la falta de verificación de aspectos fundamentales como la pertinencia del costo, el cumplimiento contractual y la validez de los soportes.

De otro lado, el análisis preliminar encontró que en 36 prestadores de salud (de una red de más de 2.700) se concentra el 40 % del valor total pendiente por procesar, equivalente a $5,2 billones, lo que eleva significativamente el riesgo fiscal en caso de presentarse incumplimientos o litigios.

Incremento en cuentas por pagar por concepto de servicios de salud

La Contraloría identificó que las cuentas por pagar con corte a marzo de 2025 presentan un valor acumulado de $21,37 billones, cifra que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la EPS y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, toda vez que su cobertura es de aproximadamente el 22 % de la población total afiliada.

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Existen $10,5 billones de anticipos pendientes por legalizar y $8,7 billones en facturas pendientes por procesar.

"La delicada situación financiera y administrativa de la Nueva EPS evidencia riesgos de deterioro progresivo, a pesar de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. El creciente endeudamiento, el aumento de anticipos no legalizados y la tardanza en el procesamiento de la facturación constituyen señales de alerta que comprometen la sostenibilidad de la entidad y la adecuada prestación de los servicios de salud", indicó la Contraloría.

Los resultados del informe serán remitidos a la Contraloría Delegada para el Sector Salud para que determine los procedimientos de control fiscal consecuentes, entre ellos, la determinación de responsabilidad fiscal.