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Procuraduría pide frenar apertura de licitación del Hospital Regional del Líbano
La inversión de $79.596 millones, financiada por el Ministerio de Salud, está destinada a la construcción de una nueva torre para medicina especializada, la ampliación del servicio de urgencias, la modernización de los equipos médicos y el reforzamiento estructural de toda la infraestructura del Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar.
La Procuraduría General de la Nación solicitó la suspensión inmediata del proceso de licitación para la ampliación, reforzamiento estructural, remodelación y modernización del Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar E.S.E., en el municipio del Líbano (Tolima), proyecto que tiene una inversión de $79.596.941.338.
La decisión se dio tras identificar posibles irregularidades que, según el ente de control, podrían vulnerar los principios de igualdad, transparencia, selección objetiva, planeación y publicidad que rigen la función administrativa.
De acuerdo con la Procuraduría, observó posibles riesgos en el proceso de selección relacionados con falta de publicidad del sustento de los estudios y diseños técnicos, planos, memorias de cálculo y demás documentos relacionados con el aspecto de obra civil del proyecto en el portal transaccional SECOP II.
Advierte la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública que la omisión de las especificaciones técnicas y los planos en detalle evidencian que la planeación técnica es insuficiente e incompleta, incurriendo en una eventual vulneración a los principios de la función administrativa y la selección objetiva del futuro contratista.
Ante este panorama, el organismo de control exhortó al Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar E.S.E. a atender las observaciones formuladas y suspender de manera inmediata el trámite licitatorio mientras se subsanan las inconsistencias detectadas.
Además, la Procuraduría advirtió que un eventual incumplimiento de la Resolución 1440 de 2024 del Ministerio de Salud, la Ley 2479 de 2025 y el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 podría viciar el proceso de contratación y derivar en la nulidad absoluta del contrato por violación de normas imperativas.
*Realizado con información de prensa de la Procuraduría General de la Nación
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