El portal La Vorágine publicó una grave denuncia sobre la demanda que, presuntamente, fue interpuesta por más de mil campesinos de Falan, Tolima, contra el Ministerio de Agricultura y la UPRA, en rechazo a la declaratoria de 12.897 hectáreas como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en el municipio.

De acuerdo con lo revelado por el medio, las firmas recolectadas para respaldar la demanda se habrían obtenido mediante engaños por parte de la empresa Minerales Santa Ana, que pertenece a la compañía canadiense Outcrop Silver. La firma cuenta con un proyecto de exploración minera en 12.000 hectáreas en Falan y tendría la intención de expandirse hasta 17.000 hectáreas en el municipio y 25.000 en el norte del Tolima.

Además, las firmas recolectadas presentarían una serie de inconsistencias. Los mismos campesinos habrían señalado que cerca del 30 % no corresponderían a habitantes de la región.

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Asimismo, denuncian una campaña de desinformación que incluyó perifoneo, difusión de mensajes en contra de las APPA y distribución de volantes en los que se advertía que estas zonas implicarían expropiaciones, restricciones productivas y afectaciones al turismo.

Los campesinos señalan como uno de los principales voceros de esta postura al alcalde de Falan, Forney Múnevar Monsalve, quien ha manifestado abiertamente su oposición al proyecto. También mencionan a la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, quien ha afirmado que la medida representa una pérdida de autonomía territorial para los campesinos, al tratarse de una decisión impulsada desde Bogotá.

Sin embargo, las APPA abordan un tema central: priorizar el uso agrícola del suelo sobre actividades extractivas. Es decir, esta figura promueve un modelo de desarrollo agrícola por encima de la explotación minera, lo que podría afectar los intereses económicos y de expansión de Minerales Santa Ana en el norte del Tolima.

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De acuerdo con la denuncia, trabajadores de la mina habrían asistido a los espacios de socialización convocados por la UPRA con la intención de sabotear las reuniones. Según esta versión, se les pagaba el día y el transporte para copar el espacio con argumentos de oposición, reiterar preguntas y prolongar las intervenciones, con el fin de impedir que los campesinos conocieran en profundidad el alcance y los objetivos del proyecto APPA en Falan.

Por su parte, la ONG Ruralia Urbana ha denunciado de manera reiterada la forma en que, según, la empresa minera habría influido para oponerse a las APPA, con el acompañamiento institucional con el que habría contado para generar un escenario de rechazo frente a la implementación del proyecto.

Así, lo que en principio sería un escenario de legitimidad territorial y de uso de mecanismos legales de participación comunitaria habría derivado, según las denuncias, en una estrategia impulsada por una gran corporación minera para frenar la implementación de la zona APPA en el norte del Tolima y proteger sus intereses económicos, en detrimento de la vocación agrícola del municipio y de los campesinos de la región.