El Consejo de Estado, en fallo de segunda instancia, negó la demanda de la Personería de Ibagué que pidió instalar mallas, barandas o rejas para evitar más suicidios en el denominado ‘puente de la variante’.

El caso se remonta al 2023, cuando el Tribunal Administrativo del Tolima admitió la demanda de la Personería y ordenó a la APP GICA y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que intervinieran el puente para detener los saltos al vacío en esta estructura. Sin embargo, las dos entidades apelaron y el proceso ascendió hasta el Consejo de Estado.

Ahora, en segunda instancia, el alto tribunal desestimó la responsabilidad de estas dos entidades vinculadas al sector transporte. En primer lugar, consideró que instalar otros componentes al puente sumaría peso a la estructura del mismo, lo que podría afectarlo.

“Una infraestructura accesoria de esa naturaleza, por su peso, potencialmente afectaría los diseños y la estabilidad de las obras”, reza el fallo.

Además, el Consejo de Estado consideró que el puente no es el culpable de los suicidios que ocurren frecuentemente allí.

“La infraestructura vial en sí misma no es el detonante, ni promueve o propicia la conducta suicida en la ciudad de Ibagué. La personería accionante no acreditó que algún suicidio esté directamente relacionado con una falla o defecto de la infraestructura vial, con un error en su operación, o con una conducta concreta de las autoridades accionadas pertenecientes al sector transporte”, explica la sentencia.

En su argumentación, el Consejo de Estado remarcó un dato que suele pasar desapercibido. Y es que, el salto al vacío está lejos de ser la principal modalidad de suicidio en Ibagué. En el 2021, de los 69 intentos de suicidio, el 52,62 % fue por intoxicación, el 18,84 % por arma cortopunzante y la misma proporción por salto al vacío. El 8,70 % fue por ahorcamiento o asfixia.

• Puede leer: Crisis de salud mental en Colombia ha cobrado la vida de más de 10.000

Sin embargo, aunque los saltos al vacío están lejos de ser el principal método, suelen ser los más mediáticos e impactantes. “Si la referida problemática de salud mental no se aborda desde sus causas y determinantes, sino con la óptica de mitigar sus consecuencias, los índices de bienestar y calidad de vida de los ibaguereños no van a mejorar”, acota el Consejo.

¿El verdadero culpable?

En cambio, el Consejo de Estado sí encontró responsable a la Alcaldía de Ibagué por su pobre trabajo para la prevención del suicidio.

En la sentencia se lee que la Alcaldía nunca aportó los soportes que evidencien la implementación de estrategias y programas efectivos para reducir los índices de suicidio. Si bien la Alcaldía enumeró una gran cantidad de actividades que habría realizado, el Consejo de Estado dejó claro que la entidad nunca aportó los soportes.

“El ente territorial no aportó ninguna prueba que demuestre la ejecución de los programas mencionados, su periodicidad, o el acompañamiento realizado a los beneficiarios. Estos informes no reflejan con exactitud la eficacia de la gestión desplegada por la administración local”, sostuvo.

Lo que más reprochó el Consejo de Estado fueron los resultados a largo plazo de las estrategias de la Alcaldía. Deja ver el alto tribunal su inconformidad por la ausencia de políticas públicas de largo aliento e integrales para resolver la problemática de salud mental en Ibagué.

“Aunque la política local de Ibagué está bien encaminada, lo cierto es que las pruebas no permiten evaluar su eficiencia, o hacer seguimiento a cada uno de los programas adelantados, en el marco de la realidad actual del territorio”, enfatiza el tribunal.

• Lea también: Entre todos tejemos salud mental

En ese sentido, el Consejo de Estado marcó la ruta a seguir para mejorar la salud mental de los ibaguereños: captura de datos, elaboración de estadísticas y seguimiento integral de los casos.

“Si bien el parámetro de evaluación de la actividad administrativa del municipio de Ibagué no puede ser la eliminación de absolutamente todos los casos de conducta suicida, sí deben existir unos indicadores que evidencien la mejora de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo municipal en relación con la salud mental y, específicamente, la variable de conducta suicida”, concluye.

La Alcaldía tendrá tres meses para para evaluar la “eficacia y efectividad” de sus estrategias, y luego un mes más para mejorarlas en caso de considerarlo necesario.