En los últimos 11 años en Colombia se han quitado la vida 10.108 personas entre los 15 y los 29 años. Año tras año la cifra sigue en aumento sin que los gobiernos reaccionen a los gritos de instituciones como Medicina Legal.

¿Qué está pasando con la salud mental? La investigación 'Trastorno de un estado sin dinero', realizada por la Unidad de Investigación Periodística (UIP) del Politécnico Grancolombiano, ofrece una radiografía con datos y testimonios, señalando los vacíos para atender esta crisis.

El 37% de los adolescentes y jóvenes acudió al sistema de salud en los años de la pandemia, lo que reafirmó la creencia de que la pandemia por Covid-19 desencadenó la crisis de salud mental. Sin embargo, antes de la emergencia sanitaria, la cuestión ya prendía alarmas en los círculos de psicólogos y psiquiatras.

En efecto, el análisis hecho por la UIP a distintas bases de datos entregadas por el Ministerio de Salud, encontró que el 34% del mismo grupo poblacional recibió atención entre los años 2018 y 2019. En esa misma revisión, los investigadores encontraron que entre enero de 2018 y septiembre de 2023 se atendieron a 2’491.900 personas de entre 14 y 26 años en los servicios de salud mental por un diagnóstico de trastornos mentales y del comportamiento.

¿Qué dice la ley?

Fue hasta el 2013 que se dio un paso importante en el reconocimiento y abordaje del tema, con la promulgación de la Ley 1616 de 2013, que garantiza el ejercicio pleno del derecho a la salud mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, mediante la promoción y prevención.

¿Cuál es el panorama actual?

A pesar de la ley, la investigación resalta que el panorama es desalentador, ya que la falta de inversión ha limitado su aplicación. Entre los años 2018 y 2023 el Ministerio de Salud destinó 39 mil millones de pesos para la promoción de la convivencia, la salud mental y el fortalecimiento de los factores protectores frente al consumo de sustancias psicoactivas, lo que representa aproximadamente el 1 % del total de su presupuesto. Sin embargo, la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud y el Banco Mundial es que los Estados asignen a la salud mental mínimo el 5 % del total del presupuesto de salud.

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Una mirada a los presupuestos de cinco departamentos en los que la investigación se concentró reveló que la inversión en salud mental ha aumentado significativamente después de la pandemia. En Bogotá, por ejemplo, se pasó de una asignación de 7 mil millones de pesos en el año 2020 a 26 mil millones de pesos en 2023; en el mismo periodo Antioquia pasó de 735 millones a mil millones de pesos.

Pero a pesar del incremento en la inversión, las gobernaciones de Antioquia, Barranquilla, San Andrés y Providencia afirman, a través de derechos de petición, que la mayor limitación para atender la crisis de salud mental en los jóvenes es la falta de recursos físicos como las camas hospitalarias exclusivas para pacientes con problemas de salud mental.

Falta de articulación

A lo anterior se le suma las demoras en la prestación de los servicios y la falta de articulación entre entidades. La escasez de recursos humanos también es crítica, ya que en Colombia solo hay 2,5 psiquiatras por cada 100.000 habitantes.

La teleorientación en salud mental es una de las estrategias implementadas en los últimos años. La Línea Nacional (192 opción 4) ha recibido 42.927 llamadas entre abril de 2020 y septiembre de 2023; de estas, 25.256 han sido efectivas, lo que equivale a un 58,83 % de efectividad en las atenciones. Sin embargo, pese a su importancia, la línea ha operado intermitentemente durante 16 de los 40 meses transcurridos desde su lanzamiento en 2020.

Además, hasta la fecha de publicación de esta investigación, solo 21 de los 32 departamentos del país cuentan con una línea de apoyo en salud mental, aunque las de Guaviare, Guainía y Casanare no están activas. Por eso es necesario la intervención del Estado, ya que esta es una estrategia clave para atender las situaciones de orden psicológico, psiquiátrico e incluso de violencia.

¿En qué se debe trabajar?

La salud mental no es un asunto exclusivo del Ministerio de Salud. Las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, y de educación básica, media y superior, enfrentan el desafío de convertirse en actores clave en la lucha contra la crisis. A pesar de su enfoque en la educación y no en la intervención clínica, tienen el potencial de forjar alianzas estratégicas con IPS, EPS y el Ministerio de Salud. Además, es imperativo avanzar hacia sistemas de información interconectados que garanticen una coordinación y colaboración intersectorial, interinstitucional e interseccional constante.

Otro desafío crucial radica en la precariedad de la formación y las capacidades técnicas para responder a las necesidades de salud mental. Los protocolos en este campo fueron improvisados en gran medida durante la llegada del COVID-19, revelando la urgente necesidad de fortalecer las estructuras y herramientas para una atención eficaz y oportuna en esta esfera vital.