La aprobación en el Congreso de la República del proyecto de ley "Cuerpos Libres de Mutilación Genital Femenina" representa uno de los avances más importantes de los últimos años en materia de derechos de las mujeres y las niñas en Colombia. Más allá de la prohibición expresa de esta práctica, la iniciativa reconoce que el cuerpo de las mujeres no puede seguir siendo escenario de violencias justificadas por tradiciones, costumbres o silencios institucionales.

La mutilación genital femenina, también conocida como ablación, es una de las formas más graves de violencia basada en género. Consiste en la alteración o extirpación parcial o total de los genitales femeninos por razones no médicas, generando consecuencias físicas, psicológicas y emocionales que pueden acompañar a las víctimas durante toda su vida. Para organismos internacionales como Unicef y la Organización Mundial de la Salud, esta práctica constituye una violación directa de los derechos humanos.

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La nueva legislación ubica a Colombia dentro del grupo de países que han decidido enfrentar este fenómeno mediante una norma específica. Según cifras internacionales, cerca de 230 millones de mujeres y niñas han sido sometidas a mutilación genital femenina en el mundo. Aunque en el país los registros oficiales reportaron alrededor de 54 casos durante 2024, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que existe un importante subregistro debido a factores culturales, geográficos e institucionales.

Uno de los aspectos más relevantes de esta ley es que adopta un enfoque integral. No se limita a prohibir la práctica, sino que obliga al Estado a fortalecer las acciones de prevención, detección temprana, atención médica, acompañamiento psicosocial, reparación y seguimiento de los casos. Esto implica una responsabilidad directa para el sistema de salud, que deberá contar con protocolos claros para proteger a las niñas y mujeres en situación de riesgo.

La aprobación de esta norma también envía un mensaje contundente sobre la autonomía corporal de las mujeres. Durante décadas, movimientos feministas y organizaciones sociales han insistido en que ninguna tradición cultural puede estar por encima del derecho fundamental a la integridad física y a una vida libre de violencias. La nueva ley reafirma este principio y lo convierte en una obligación para todas las instituciones del Estado.

Sin embargo, el verdadero desafío apenas comienza. La experiencia demuestra que muchas leyes terminan convertidas en simples declaraciones de buenas intenciones cuando no cuentan con recursos, capacitación institucional y presencia efectiva en los territorios. Por ello, el éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad del Gobierno Nacional, las autoridades locales y el sistema de salud para llevar las medidas de protección a las comunidades donde históricamente se ha documentado esta práctica.

En este proceso será fundamental el trabajo conjunto con los pueblos indígenas y las lideresas comunitarias. La construcción de la ley contó con la participación activa de mujeres emberá, quienes llevaron su voz desde los territorios hasta el Congreso de la República. Su aporte permitió que la discusión no se centrara únicamente en la sanción, sino también en la educación, el diálogo intercultural y la transformación social.

Las declaraciones de lideresas como Claudia Queragama y Juliana Domicó reflejan precisamente esa preocupación. Ambas celebraron la aprobación de la norma, pero coincidieron en que el principal reto será garantizar su implementación. Las comunidades esperan que la ley se traduzca en protección real para las niñas y no se quede archivada entre las muchas disposiciones que pocas veces llegan a los territorios más apartados del país.

Desde una perspectiva de derechos humanos, esta decisión legislativa constituye una victoria para las mujeres colombianas. Cada avance que permite erradicar prácticas que afectan la salud, la dignidad y la libertad de las niñas fortalece la construcción de una sociedad más equitativa y respetuosa de los derechos fundamentales.

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La aprobación de la ley contra la mutilación genital femenina no solo protege cuerpos; también protege proyectos de vida, sueños y futuras generaciones. Colombia ha dado un paso histórico. Ahora corresponde a las instituciones, a las comunidades y a la sociedad en general garantizar que ninguna niña vuelva a ser víctima de una práctica que nunca debió existir.