La Corte Suprema de Justicia condenó en primera instancia al senador del Centro Democrático, Ciro Alejandro Ramírez Cortés, por su participación en el escándalo de corrupción conocido como ‘Marionetas 2.0’.

La Sala decidió imponer una condena de 23 años de prisión al congresista por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, relacionados con la suscripción y ejecución del Convenio 670 de 2021, firmado entre el Departamento de Prosperidad Social y la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta, por un monto de $48.660.000.000.

Según la investigación, el excongresista habría orquestado un entramado criminal para direccionar recursos públicos del Departamento para la Prosperidad Social hacia la empresa Proyecta, con el fin de favorecer a contratistas específicos.

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“Lideró una organización criminal (...) a través de la cual se logró la estructuración del Convenio 670 de 2021 (...) con el interés de beneficiar a quienes lo favorecieron en su campaña política”, señala el fallo.

Entre las pruebas valoradas por la Corte se encuentran testimonios, registros de chats y agendas que vinculan al acusado con los delitos. Según la decisión judicial, Ramírez Cortés no solo conocía el entramado, sino que ideó, organizó y dirigió la estructura criminal para instrumentalizar la contratación pública en beneficio de sus intereses electorales.

Asimismo, la investigación menciona a Katherine Rivera Bohórquez, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del senador, quien habría actuado como coordinadora de confianza encargada de ejecutar la logística del plan, y a Pierre García, entonces subdirector de Programas y Proyectos del DPS, quien habría proporcionado la estructura administrativa necesaria para que el esquema se materializara.

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Tolima salpicado

El Tolima fue uno de los principales escenarios donde operó el entramado criminal, de acuerdo con el fallo, pues Ramírez Cortés buscaba afianzar su proyecto político y aumentar su caudal electoral.

La decisión judicial señala específicamente los municipios de Mariquita, Purificación, Villarrica y Melgar, donde se habrían direccionado obras e interventorías.

Además, el fallo indica que Anderson González González habría recibido al menos nueve contratos de la bolsa denominada “Tolima Varios” como contraprestación por su apoyo político en los departamentos de Caldas y Quindío.

En el departamento se planearon y adjudicaron proyectos relacionados con el mejoramiento de vías mediante el uso de "placa huellas" para el desarrollo productivo rural y pavimentaciones en concreto rígido.