Como si fueran pocos los problemas que trajo para Ibagué el fallido puente de la carrera Quinta con calle 60, ahora se suma otro gasto que tendrán que asumir los contribuyentes ibaguereños.

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Se trata del contrato por $168 millones que la administración de la alcaldesa Johana Aranda le otorgó al abogado Francisco Javier López Chaves, para que represente a la Alcaldía en procesos como las multimillonarias demandas que radicaron los contratistas del fallido puente.

El contrato firmado por la secretaria Administrativa de Ibagué, Norma Margarita Cifuentes, establece un pago de $21 millones mensuales para el abogado. Esto, por un plazo de ocho meses.

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La vinculación del abogado llega poco después de conocerse las tres demandas que radicaron los contratistas del fallido puente para reclamar unas cuantiosas indemnizaciones que, todas juntas, ascienden a los $70.000 millones. López Chaves deberá representar a la Alcaldía ante el Tribunal Administrativo del Tolima y evitar una debacle todavía peor.

Entre las obligaciones del profesional del derecho figuran:

• Ejercer la representación judicial, extrajudicial y administrativa del Municipio en los

asuntos que le sean asignados.

• Proyectar las respuestas a los derechos de petición, cuyo objeto esté relacionado

con los procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos asignados.

• Atender oportunamente los requerimientos, instrucciones y recomendaciones que

durante el desarrollo del contrato le imparta la Oficina Jurídica a través del

supervisor del contrato, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus

obligaciones.

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El abogado tendrá la ardua tarea que consiste en tratar de enmendar los múltiples errores de la administración de Aranda y del exalcalde Andrés Hurtado. Errores que se han convertido en un lastre para la ciudad.

Primero, los contratistas arguyen que el proyecto fracasó debido a la pésima planeación que hubo en la administración de Hurtado y a la falta de permisos con la que ésta adjudicó el contrato por $40.000 millones.

En segundo lugar, los contratistas señalan a la administración de Aranda por irregularidades en la declaratoria de incumplimiento total y en la multa por casi $4.000 millones que cobró a través de la aseguradora Seguros Mundial. Asimismo, por la aparente falta de facultades de la Secretaría Administrativa para adelantar procesos sancionatorios.

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Con esta serie de argumentos, los contratistas y hasta la aseguradora le pidieron al Tribunal que la Alcaldía les pague las indemnizaciones. Por tanto, ahora la administración de Aranda se vio obligada a fortalecer su equipo jurídico para evitar un descalabro más por culpa de este fracasado proyecto.