Es evidente que la mayor parte de las denominadas Órdenes de Prestación de Servicios, OPS, se han convertido en el sector oficial en una maniobra para pagar favores políticos, y al mismo tiempo como manera de mantener aceitada la  maquinaria política.

De acuerdo con el debate de control político que acaba de realizar el concejal Jorge Bolívar y, por otro lado, con el soporte de cifras que pudo establecer El Cronista.co a través de un derecho de petición, la administración de la alcaldesa Aranda va camino a batir récord en contratación por esta modalidad, lo mismo que en contratación onerosa de eventos y ejecución de convenios. Lo que podría traducirse en un gran derroche, según el concejal Bolívar.

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Lo cierto es que la alta contratación de la alcaldesa Johana Aranda en su primer año de gobierno llegó a niveles insospechados. Más allá de lo que derrochó en fiestas y eventos, sumado al elevado gasto en arriendos y otros ítems, es todavía más escandaloso lo de la contratación de Órdenes por Prestación de Servicios (OPS) para vincular personal.

Fue tanto lo que contrató Aranda en OPSs durante el año 2024, que superó, y por mucho, a sus predecesores, los exalcaldes Guillermo Alfonso Jaramillo y Andrés Fabián Hurtado. En apenas un año contrató lo que ellos en dos o tres.

Contratación a manos llenas

En total, la contratación global fue de $218.604.000.000 que se desprende de 3.831 contratos, 173 de ellos, entre eventos, suministros y convenios, que vale aclarar, algunos hacen parte de obligaciones de carácter social ineludibles que tiene la Alcaldía, así como otros para su formal funcionamiento. El resto fue para contratación de personal por OPS que algunos estiman no tiene otro nombre que el pago de favores políticos, lo que a la postre se convierte en nómina paralela que en este caso de Aranda en su primer año llegó a los $80.000.000 millones.

Por ejemplo, lo que invirtió la Alcaldía para el servicio de vigilancia privada, en este caso la empresa beneficiada fue Seguridad Trébol con una contratación de $11.195 millones; suministro de combustible para el parque automotor de la Alcaldía en 2024 tuvo un costo de $1.560 millones; el auxilio para el Jardín de los Abuelos fue de $4.700 millones, lo mismo que para las Hermanas Dominicas, $1.243 millones.

En convenios, aparece la Cámara de Comercio de Ibagué con $818 millones; Fenalco Tolima, $163 millones; Fundación Musical de Colombia, $682 millones.

Otros contratos, Cristian Montoya Guzmán por servicio de logística para organización de eventos de la Secretaría de Desarrollo Social, $1.000 millones; Fundación IMIX, logística y organización de eventos, $3.520 millones; Jorge Barón para organizar el Show de las Estrellas, $260 millones; León Gráficas, logística y organización de eventos, $10.176 millones; en arriendos la Alcaldía de Ibagué pagó en el 2024 $11.000 millones.

Órdenes de Prestación de Servicios

Un total de 3.500 contratos de prestación de servicios otorgó la alcaldesa Johanna Aranda en su primer año de gobierno. Esa contratación se traduce en $80.000 millones, que según el concejal Bolívar no tienen otra explicación que en la mayoría de los casos son para pagar favores políticos y que no representan ni eficiencia ni mucho menos eficacia para la administración.

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Para Bolívar, esa cantidad fue utilizada para “pagar favores políticos” y contratar personas de otros municipios o departamentos, donde muchos de ellos en las redes sociales se han convertido no solo en los defensores de la alcaldesa Aranda sino en promocionar y aplaudir la campaña política tempranera del exalcalde Hurtado.

“Es un ejército completo al servicio de la administración que actúa como áulico de la alcaldesa Aranda, pero que también hace ruido como defensor del señor candidato Hurtado”, le dijo a El Cronista un exconcejal de Ibagué.

“Lo que preocupa, es que muchos de los contratistas que hoy en día tiene la ciudad de Ibagué, ni si quieran son de aquí. El 30 % o hasta más son personas que no son de la ciudad de Ibagué. Curiosamente son personas que han llegado de El Espinal, Lérida, Venadillo, entre otros municipios del Tolima, para pagar favores políticos, con artimañas o acuerdos políticos”, aseveró el concejal Bolívar.

Favorecimiento a Hurtado

El Concejal reiteró que la Alcaldía de Ibagué se convirtió en un fortín político para la estructura que dirige el exalcalde Andrés Hurtado, quien, al parecer, utilizaría su influencia sobre la alcaldesa Aranda para manejar la contratación y otorgar cuotas burocráticas a sus aliados.

Se destacan casos como el gerente del SETP, Aquileo Medina, quien proviene de El Espinal; el exalcalde de Venadillo, Jorge Cabrera, quien es el gerente de la USI; o el exalcalde de Santa Isabel, Rodolfo López, a quien nombraron en la Dirección de Espacio Público.

Todos aterrizaron en la administración de Aranda como cuotas estratégicas del exalcalde Hurtado, quien los ubicó en cargos de la Alcaldía a cambio de sumarlos a las filas de su organización política. Estrategia con la que busca sumar aliados de cara a su futura aspiración a la Gobernación del Tolima. Por eso, Bolívar habla de “favores políticos”.

A dichos intereses políticos, también hay que sumarle los familiares o personales. Son numerosos los parientes o familiares del exalcalde Hurtado contratados en la administración de Aranda. Su esposa, primos, hermanos y otros parientes son contratistas asiduos de la Alcaldía. Todos favores que, en buena medida, aportan a esos $80.000 millones gastados en contratación por OPS.

Profesionales altamente calificados

Llama la atención que entre los contratistas por OPS aparecen dos nombres de reconocimiento y trayectoria en la ciudad. Para algunos, no deja de causar extrañeza que hagan parte de la actual administración tan cuestionada por el grueso de la opinión ibaguereña. Se trata del expresidente de los gremios económicos del Tolima y exrector de Unibagué y Uniminuto, Leonidas López Herrán y el arquitecto exsecretario de Planeación, Javier Humberto Arbeláez.

Los dos aparecen contratados como “profesionales altamente calificados para brindar asesoría al despacho de la Alcaldía de Ibagué. El contrato fue por 7 meses por un valor de $63 millones.

Nota: Próxima entrega, cómo entre el exalcalde Hurtado y la actual alcaldesa Johana Aranda han contribuido a degradar el ejercicio del periodismo en la ciudad, donde algunos medios y periodistas sin ningún mínimo atisbo de ética y pulcritud, han sucumbido a la codicia y llevar así a la ciudad a un estado de más atraso e indefensión.