Nuevos pormenores han salido a la luz tras la captura de cuatro ciudadanos vinculados a Ibagué, señalados de liderar una sofisticada red de estafa migratoria en el Distrito Este de Nueva York. Daniela Alejandra Sánchez Ramírez, Jhoan Sebastián Sánchez Ramírez, Alexandra Patricia Sánchez Ramírez y Marlyn Yulitza Salazar Pineda fueron detenidos en Nueva Jersey, tres de ellos mientras intentaban abordar un vuelo hacia Colombia con tiquetes de solo ida. El grupo enfrentará ahora un proceso federal que ha puesto bajo la lupa la vulnerabilidad de la comunidad migrante frente a estructuras criminales organizadas.

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La investigación de la Fiscalía Federal reveló que los implicados no solo operaban un bufete ilegal denominado "CM Bufete de Abogados", sino que recreaban todo un ecosistema judicial ficticio. Para dar credibilidad a sus servicios, enviaban documentos con logotipos oficiales falsificados y organizaban audiencias virtuales donde ellos mismos suplantaban los roles de jueces, abogados y agentes del gobierno. Este nivel de teatralidad llevó a que las víctimas, captadas principalmente por Facebook, confiaran plenamente en procesos que, ante la ley estadounidense, nunca existieron.

El impacto económico de la estafa supera los 100 mil dólares en transferencias, pero el daño legal fue aún más grave. Según el fiscal Joseph Nocella, las maniobras de los acusados provocaron que varios inmigrantes faltaran a sus citas reales ante tribunales federales, creyendo que sus casos ya estaban resueltos. En un caso documentado, esta negligencia inducida resultó en una orden de deportación contra una víctima, la cual tuvo que ser revocada por las autoridades tras confirmarse la existencia del fraude.

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Los procesados, que permanecen bajo custodia, enfrentan cargos por conspiración de fraude electrónico, lavado de dinero y suplantación de funcionarios, delitos que conllevan penas de hasta 20 años de cárcel. Mientras la justicia busca a un quinto cómplice aún prófugo, se ha enfatizado que este caso es un ejemplo de las severas sanciones que acarrea un delito federal en EE. UU. Los señalados comparecerán ante un tribunal en Brooklyn, donde se determinará su responsabilidad penal bajo un sistema que no suele mostrar clemencia en fraudes contra el gobierno.