El magistrado José Andrés Rojas Villa del Tribunal Administrativo del Tolima sancionó con 15 días de arresto a la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda. Esto, por desacato a una orden judicial que le ordena a la Alcaldía de Ibagué reubicar a las familias asentadas en las riveras de la quebrada Hato de la virgen.

Según se lee en el fallo de 26 páginas, la alcaldesa deberá cumplir el “arresto intramuros” en el Comando de la Policía Metropolitana de Ibagué. Es decir, no podría acceder al beneficio de detención domiciliaria.

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El caso tiene que ver con el fallo del año 2005, cuando el Tribunal Administrativo del Tolima ordenó reubicar a las familias del asentamiento conocido como Hato de la virgen, que se encuentra en la comuna Ocho de Ibagué. Orden que debía cumplir la Alcaldía de Ibagué.

Dicho fallo fue confirmado en segunda instancia por el Consejo de Estado en el año 2010. Sin embargo, a la fecha, 20 años después del primer fallo, la orden sigue sin cumplirse.

El pasado 14 de febrero el Tribunal Administrativo del Tolima abrió un incidente de desacato contra la Alcaldía de Ibagué, que en estos momentos encabeza la alcaldesa Johana Aranda. El Tribunal le solicitó a la mandataria los soportes que evidencien los avances en el cumplimiento de la reubicación. Sin embargo, Aranda nunca le respondió a la autoridad judicial.

“Con auto del 3 de abril de 2025 se advirtió que, pese al requerimiento de información realizado el 20 de febrero de 2025 a la alcaldesa municipal de Ibagué, Dra. Johana Ximena Aranda Rivera, el plazo feneció sin ser satisfecha la orden, lo cual acarrea sanción al servidor público renuente”, reza el fallo.

En el documento también se lee que solo hasta el 10 de abril llegó la respuesta de Aranda, “cuando el término procesal dispuesto para ello estaba más que vencido”.

Ahora bien, la respuesta de la alcaldesa también dejó mucho que desear. Especialmente por la ausencia del Plan Parcial La Pista, que es indispensable para conseguir la reubicación del Hato de la virgen.

“La inexistencia del plan parcial de ordenamiento territorial posee un efecto dominó sobre todo el proyecto. Sin él, no puede fijarse el área exacta destinada a vivienda de interés social, ni determinarse qué franjas deben preservarse como reserva forestal o como ronda hídrica, ni calcularse cuántas unidades habitacionales caben, ni programarse redes de acueducto, alcantarillado, vías o equipamientos”, explica el magistrado Rojas Villa.

A las fallas de planeación, según el magistrado, se suma la ausencia total de procesos contractuales, falta de articulación entre instituciones y hasta falta de voluntad política. Es decir, los avances en el cumplimiento del fallo son nulos.

“Esa actitud dilatoria, defensiva y carente de rigor revela desprecio por el mandato judicial de claridad y suficiencia: es una afrenta funcional que justifica el arresto”, asevera el magistrado en su contundente fallo.

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Según el documento publicado el pasado 21 de abril, el arresto de Aranda deberá cumplirse a partir del siguiente día. Sin embargo, todavía se desconoce si la mandataria apelará la decisión para eludir el arresto de dos semanas.