Por: Óscar Amaury Ardila

Hace unos 40 años por estas fechas folclóricas los integrantes del Club Guías de Turismo “Ciudad Musical”, hacíamos parte del plan logístico de recibimiento y atención a las comitivas nacionales presentes en las fiestas del San Juan de Ibagué. Hacíamos tareas ad honorem relacionadas principalmente con la llegada de delegaciones para convocatorias culturales y otras ya olvidadas.

En lo que la memoria no me falla y estaba claro, era que el alojamiento de todos los visitantes se daba en el Hotel Ambalá, como el sitio indiscutible para la acogida. En aquellos momentos no lo entendía pero tenía toda lógica del quehacer de lo público;las instituciones estatales como administradores y custodios del  patrimonio cultural de la Nación planeaban, programaban y llevaban a cabo el festival folclórico que realzaría los valores regionales, permitiéndose con ello además, una fluida dinámica de la economía regionalmediante la circulación de moneda corriente de los locales y los turistas, hacia quienes tenían algo que brindarles. Sabido es que la oferta de bienes y servicios genera una relación comercial de beneficio mutuo entre múltiples proveedores y el público consumidor. Para esta particular necesidad, el Hotel Ambalá gozaba de un prestigioso renombre por su eficiente y comedido servicio.

La elegancia y comodidad brindaba inmejorables condiciones para que los visitantes disfrutaran de su estadía, en una institución emblemática que como bien público, todos literalmente se sentían en su casa por ser parte del ente más importante de esta Constitución Nacional: El Estado; el social de derecho donde prevalece o debería prevalecer el interés social por motivos de utilidad pública, teniendo en cuenta que entre sus fines, se establece el deber de servir a la comunidad proveyéndoles prosperidad. Como en este caso,en donde el servicio de Hotelería y Turismo prestado por una empresa Estatal, se tendría que priorizar antes que el favorecimiento del negocio fácil para particulares explotando bienes públicos.Contrario a los mejores postulados normativos de la Constitución Nacional, el Hotel Ambalá, como otras empresas estatales (Electrolima por ejemplo) entraron en desgracia cuando el poder de los grandes capitales se mostró engolosinado antelas ganancias particularescon el aniquilamientode patrimonios públicos, dentro del nuevo sistema de la economía liberal. Desde hace más o menos 15 años, los gobernantes de turno decidieron quitarle al Hotel Ambalá el beneficio de prestar sus profesionales servicios en las fiestas locales, para cederlos a la empresa privada Hotel Casa Morales. Sin la pretensión de manifestar conclusiones finales sobre la realidad administrativa de este bien público por práctico desconocimiento, ni suponer que la temporada folclórica podría haber resuelto los ingresos suficientes para la sobrevivencia del Hotel Estatal, si es importante hacer una reflexión sobre las coincidencias históricas del desamparo institucional y es necesario animar el debate en torno a la defensa y protección de lo público.

No es imperioso conocer el detalle del manejo administrativo del Hotel Ambalá, para saber que el cierre de este bien social, pudiese correr el riesgo por el que otras entidades han pasado; liquidación y venta, concesiones, comodatos,consorcios,cómodos arrendamientos, ocualquiera otra de las figuras que hacen parte de los planes neoliberales, forzarían el adelgazamiento dela estructura Estatalcon el traspaso desus activos patrimoniales a inversionistas privados. Los mismos quedisfrutaran sus vacaciones en resorts 10 estrellas por el mundo, pero fiscalizando a distancia los abultados ingresos de su nuevo negocio. Que hizo que el plus que recibe cada año el Casa Morales no lo haya tenido el legendario Hotel Ambalá. Además de los significativos ingresos por atención hotelera a las grandes comitivas nacionales, ahorael nuevo hospedaje es referente organizativo, centro público de entrevistas y sitio de salida de los multitudinarios desfiles, como se hacía tiempo atrás en el Ambalá. A primera vista la razón podría explicarse en dos sentidos: o fue la desidia e irresponsabilidad de la administración pública por el descuido de su hacienda, o en su defecto, se manifestó sin tapujos el acomodamiento de los gobernantes a las nuevas políticas mundiales de privatización de servicios.

De acuerdo a informes de la prensa local, por más de 30 años el Hotel Ambalá fue administrado por Germán Morales hasta cuando en el año 2002los empleados asumieron su manejo para evitar el cerramiento; que entre el 2004 y 2018, varias cooperativas obtuvieron el favor de su administración, siendo la última entidad Coopservimos, hoy endeudada con el Departamento por pago de cánones de arrendamiento; que en lasexploraciones de salidas a la crisis, el discurso de la Gobernación del Tolima se mece entre la búsqueda de oferentes para entregarlo en arrendamiento hasta por 10 años y la posibilidad de adelantar un avalúo para “definir un valor” del inmueble y consiguientemente negociarlo; que en la audiencia de control político (se extrae de reportajes periodísticos del Nuevo Día) los Diputados de la Asamblea Departamental ventilaron ideas sobre arrendamientos, crear alianza público privada, eventual compra-venta, crear una empresa de economía mixta. Tal vez el informe más relevante y esperanzador fue la invitación que la Corporación públicaextendió al Director Regional del SENA, para ofrecerle que se encargara del funcionamiento del inmueble,como centro de capacitación y espacio de desarrollo para la escuela de hotelería y gastronomía.

De acuerdo a informaciones, el Hotel Ambalá como la Emisora Cultural del Tolima, no cuentan con una entidad jurídica que le otorgue su correspondiente personería constitucional y puedacon ello asumir sus actividades u obligaciones con plena responsabilidad desde lo legal, frente a sí mismo como con respecto a otros.Por lo tanto, estas entidades ilegitimas, sin voz propia ni heredad, se convierten fácilmente en instrumentos de la política gubernamental de turno, sometiéndolos al vaivén de sus intereses y sus perspectivassobre el uso del bien público. Otra razón más para gestionar los blindajes necesarios que permitan la conservación, funcionamiento y fortalecimientodel Hotel Ambalá como pertenencia de los tolimenses.

Hacemos un llamado a la comunidad, a los representantes de la ciudadanía, a las entidades gubernamentales, a los entes de control, a las instituciones públicas y privadas, a las fuerzas vivas del Departamento, a que constituyamos un bloque común para la defensa del Hotel Ambalá como bien público;a que se tejan cadenas humanas de protección del patrimonio como lo hizo y lo consiguió la Veeduría Ciudadana de los juegos deportivos nacionales. Ojalá y los afanes ejecutivos dequienes entregan mandato o los cálculos electorales de quienes lleguen, no vaya a sacrificar el beneficio común por el sesgado sistema privatizador.